La central nuclear de Santa María de Garoña (Burgos) echará el cierre definitivo después de que el Gobierno haya acordado no autorizar la solicitud de renovación de autorización de la explotación de la planta, según anunció este martes Álvaro Nadal, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, a una semana de que se cumpliese el plazo para que el Ejecutivo tomase una decisión.
El ministro explicó que la orden ministerial que tiene que emitir el Gobierno al respecto “será la de denegación” de la continuidad de la explotación porque las “circunstancias actuales” no garantizan la suficiente certidumbre, en relación a la oposición de todos los grupos políticos de la oposición a la reapertura y las discrepancias expresadas por Iberdrola y Endesa.
Nadal justificó la decisión del Gobierno en un análisis de los “pros y contras”. Así, apuntó que el tiempo hasta que la central pudiera reabrir, algo que tardaría al menos 2 años (mientras la planta acometiese todas las obras e inversiones exigidas por el Consejo de Seguridad Nuclear), pasaría en una situación de “incertidumbre” tanto política, ya que la mayoría de la Cámara Baja y de los partidos de la oposición manifestaron su oposición, como entre los accionistas.
Posición de la Junta
Por su parte, José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, señaló que Gobierno regional se ha sentido en “absoluta soledad” y consideró que la decisión de que no se autorice la renovación de la autorización de la explotación de la planta, es “un error histórico” que tendrá consecuencias “indeseables”.
Así lo manifestó De Santiago-Juárez, quien señaló que la Junta no comparte ”esa decisión política” y recordó que el ejecutivo regional siempre ha apostado por mantener la actividad de Garoña “siempre que fuese segura desde el punto de vista de las personas y del medio ambiente”.
Desmantelamiento
Nadal, por su parte, se mostró confiado en que “no haya más Garoñas” pero asegura que el cierre del reactor, que lleva desde 2012 sin producir electricidad, tendrá “nulo impacto” en el sistema energético español debido a su “pequeño tamaño”, al tiempo que ha precisado que su desmantelamiento llevará entre 13 y 16 años.
Respecto a los trabajadores, Nadal consideró que tienen ”el futuro garantizado” y que los pueblos cercanos a la central seguirán recibiendo las ayudas por parte de Enresa (la empresa estatal de residuos) y añadió que el Gobierno trabajará con la Junta para buscar la “viabilidad” de futuro en la comarca.
Castilla y León Económica / Europa Press
