El Colegio de Economistas de Valladolid (ECOVA) ve la “necesidad de que el Gobierno de la nación tome, de una vez por todas, una serie de medidas que ya fueron solicitadas por el Consejo General de Economistas y que no han sido tenidas en cuenta, una vez más, en el Consejo de Ministros de ayer martes 24 de marzo”.
Según los economistas de Valladolid, es una realidad que estamos en el inicio “de un colapso a nivel empresarial y profesional en relación con las obligaciones fiscales y laborales”. Por un lado, junto las autoliquidaciones y declaraciones informativas que se realizarán al final de este mes, y durante el próximo mes de abril, se añade la avalancha de ERTES para salvar a las empresas y a sus trabajadores debido a la falta de actividad productiva existente. A ello hay que añadir que el próximo 1 de abril comienza la campaña de renta y de patrimonio con un país paralizado y con los ánimos por los suelos. “Parece que existe una falta de sensibilidad total por parte del Ministerio de Hacienda”.
La ampliación de plazos y declaraciones junto con la agilización de aplazamientos y fraccionamientos de deudas tributarias son necesarios, no solamente para las pymes, sino también para las medianas y grandes empresas. “En estos momentos cualquier ayuda que pueda proporcionar liquidez y tiempo a las empresas y a los profesionales que las asesoran es determinante para su supervivencia”.
Soluciones extraordinarias
Si el BCE y el Gobierno de España consideran que la situación existente se va alargar en el tiempo, las soluciones extraordinarias a publicar en el Boletín Oficial del Estado “son de extrema necesidad”, por lo que no se puede confundir al contribuyente, trabajador, empresario o autónomo con frases que no tienen su continuidad en el B.O.E.
Por otra parte, es necesario que cuando se apruebe la Ley de modificación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en Castilla y León exista una disposición transitoria, o disposición final, en donde se señale que su aplicación tendrá un carácter retroactivo desde la publicación del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 al objeto de amparar todas las realidades, que en materia de sucesiones y donaciones, han surgido desde el inicio de la pandemia.
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