El Pleno del Congreso de los Diputados aprobó, con la oposición de las minorías de izquierda, el informe de recomendaciones de la Comisión del Pacto de Toledo, que incorpora una modificación pactada entre PSOE y CiU que reclama un nuevo marco legal sobre la edad de jubilación “más basado en la flexibilidad y gradualidad”, de manera que cualquier modificación del mismo se haga de manera “progresiva” y no de manera “homogénea y forzosa para el conjunto de las personas”.
Esta propuesta, que modifica el texto aprobado el pasado 29 de diciembre, contó con el apoyo de PNV, hasta sumar 186 escaños mientras que el PP y CC se abstuvieron y ERC, IU, ICV, BNG, NaBai y UPyD votaron en contra. Por el contrario, los votos particulares presentados por populares, minorías de izquierda y UPyD para hacer explícito el rechazo del Congreso al retraso de la edad de jubilación no prosperaron. El PP también se abstuvo en todos ellos, salvo en el suyo.
Caldera: “los incentivos voluntarios no funcionan”
En su estreno en la tribuna como portavoz socialista en materia de pensiones, Jesús Caldera, subrayó que en los próximos 35 años el sistema de pensiones dará entrada a 22 millones de personas, con una media de supervivencia de 24 años, el doble de lo anotado en los 35 años anteriores, lo que justifica las reformas para garantizar la sostenibilidad del sistema.
En este sentido, recordó que la anterior reforma, que se hizo cuando él mismo ocupa la cartera de Trabajo, ya plantea incentivar el retraso voluntario de la jubilación, pero sólo se ha acogido a esta posibilidad el 3% de los potenciales beneficiarios.
Rechazado el déficit cero
Por otra parte, El PSOE, los grupos nacionalistas y las minorías de la izquierda parlamentaria sumaron fuerzas en el Pleno del Congreso para rechazar la toma en consideración de una proposición de ley del PP que pretendía modificar la Ley de Estabilidad Presupuestaria para fijar techos de gasto a las comunidades y entes locales y que apliquen el principio de estabilidad presupuestaria a sus cuentas, propuesta que sólo contó con el aval del UPyD.
Europa Press / Castilla y León Económica
