La Consejería de Economía y empleo considera inadmisible la posición de las compañías Endesa, Iberdrola y Gas Natural, que han presentado un recurso ante el Tribunal de Luxemburgo en contra del decreto que incentiva el consumo del carbón nacional. La Junta entiende que esta medida es forzada, dado el respaldo que este texto tiene en la legislación nacional y europea y que confirman los servicios jurídicos españoles y de la Comisión Europea.
En un comunicado de prensa, el Gobierno regional advierte a las eléctricas que en sus futuras relaciones tendrá en cuenta su postura únicamente interesada en el negocio de la distribución y la generación con otras fuentes alternativas, pero con escaso compromiso en los aspectos territoriales, sociales y económicos de Castilla y León, como es el uso del recurso autóctono del carbón o la necesaria mejora de las infraestructuras eléctricas en el territorio.
La Consejería de Economía y Empleo recalca su sorpresa con la impugnación que plantean estas empresas al decreto del carbón cuando este incentivo ha funcionado con normalidad desde su inclusión en el Plan del Carbón Nacional, soportado en el protocolo firmado con las eléctricas en 1996 y que cuenta con su amparo en la normativa europea, en la directiva 2009/72/CE.
Incertidumbre del sector
A su juicio, el problema se origina con la supresión de este incentivo que unilateralmente decidió el Ejecutivo central en diciembre de 2008 sin que plantease alternativa alguna, lo que ha llevado a una grave crisis e incertidumbre del sector del carbón en el último año y medio, con las empresas al borde de la quiebra y el consecuente riesgo para la continuidad de los empleos.
Además, la Junta considera que ha habido un desgaste inútil en la negociación de los apoyos europeos a este real decreto y que este esfuerzo debería haber sido canalizado a la nueva negociación del verdadero futuro del sector a través de un reglamento de ayudas al carbón que deberá aprobarse este mismo año.
El Gobierno regional concluye que, sin excusar la impugnación del real decreto por las eléctricas, entiende que esta situación deriva de una falta de definición clara de la política energética de España, por lo que, una vez más, solicita al Ministerio de Industria que tome medidas inmediatas que clarifiquen el mix energético por el que este país quiere apostar en el futuro y que defina una política energética que de estabilidad al sector, a los inversores, productores y a los consumidores.
Castilla y León Económica
