Castilla y León registró 85 procesos concursales en el tercer trimestre de 2013, un 19% menos que en el tramo anterior, según un informe sobre insolvencias judiciales de Crédito y Caución. En España, se contabilizaron más de 1.700 nuevas operaciones de este tipo.
El prototipo de concurso de acreedores es el de pequeñas o medianas empresas de cerca de 20 trabajadores, con más de 10 años de antigüedad, cada vez más presionadas por la prolongación en el tiempo de la crisis. La insolvencia judicial de estas compañías se ve propiciada por las dificultades para acceder a nuevas refinanciaciones financieras, el agotamiento de los activos líquidos, la imposibilidad de profundizar en la reestructuración de sus costes, el fracaso en los planes de internacionalización o la transmisión, a través de la morosidad, de la insolvencia de los clientes.
Tendencia
Esta tendencia se romperá previsiblemente en 2014 por los cambios introducidos en el marco regulatorio y las previsiones de mejora del acceso empresarial a la financiación de origen bancario.
La Ley de Emprendedores recientemente publicada en el BOE prevé la puesta en funcionamiento de un nuevo procedimiento concursal extrajudicial que permitirá reflotar muchas empresas llegando a evitar el concurso. La empresa en dificultades podrá solicitar el nombramiento de un mediador al notario o el registro mercantil para lograr un acuerdo extrajudicial de pagos con sus acreedores.
El plan de pagos, que tendrá que ser adoptado en los 3 meses siguientes, requerirá la aceptación de al menos el 60% del pasivo, con un límite del 25% de los créditos en las quitas o condonaciones y de 3 años en las esperas o moratorias. En la misma línea, la Ley de Emprendedores ha reducido significativamente la mayoría necesaria para adoptar acuerdos de refinanciación extrajudicial, facilitando una viabilidad que evitará el concurso y la destrucción innecesaria de tejido empresarial.
Este nuevo marco regulatorio sitúa la legislación concursal española en línea con los países de nuestro entorno. El cambio normativo supone un paso más en la dirección correcta para reducir el número de empresas en concurso y mejorar la tasa de mortalidad de estos procesos, actualmente en el entorno del 95%.
Castilla y León Económica
