Castilla y León recibirá en 2017 un total de 112 millones de euros para políticas activas de empleo, 7,1 millones más que en 2016, lo que supone un incremento del 6,8%, casi 2 puntos por encima del aumento de fondos concedidos al conjunto de comunidades autónomas, cifrado en un 5,1%. Fátima Báñez, ministra de Empleo y Seguridad Social, informó este martes a los consejeros del ramo durante la Conferencia Sectorial celebrada en Madrid, y desveló que las distintas autonomías percibirán este año para políticas activas de empleo un total de 1.893,3 millones, lo que supone otros 92,5 millones adicionales respecto de lo presupuestado en el anterior ejercicio.
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo de la Junta, se felicitó del “esfuerzo” realizado por el Ministerio y por el trato dispensado a la región, con un incremento de fondos por encima de la media como premio, tal y como justificó el consejero, “al mejor cumplimiento de los objetivos marcados en 2016 por parte de Castilla y León”.
Incremento
El incremento de 92,5 millones al conjunto de las comunidades autónomas para políticas activas se destinará a financiar programas de Formación Profesional para el empleo (20,4 millones de euros) y programas de fomento del empleo (72,1 millones). Del total de 1.893,3 millones, se incluyen 129 para financiar la primera parte del Programa de Acción Conjunto para la Mejora en la Atención de Parados de Larga Duración en 2017.
Los consejeros también recibieron la confirmación de que a los fondos ahora distribuidos habrá que sumar más partidas, una vez sean aprobados los Presupuestos Generales del Estado, para garantizar que el incremento del salario mínimo interprofesional de este año, cifrado en un 8%, llegue a los Centros Especiales de Empleo. “Cuanto antes sean aprobados los presupuestos, antes se beneficiarán las comunidades autónomas de estos fondos adicionales”, incidió Fernández Carriedo.
Así, la cuantía final para políticas activas de empleo podrían elevarse entonces hasta los 2.018 millones de euros, un 12,7% más que en 2016.
Sistema de Garantía Juvenil
En la Conferencia también se debatió sobre el Sistema Nacional de Garantía Juvenil, “algo que es prioritario para Castilla y León”, según palabras del consejero, quien recordó que la región ha bajado desde el comienzo de la recuperación económica 19 puntos la tasa de paro entre los jóvenes, “si bien sigue siendo una prioridad incidir en los instrumentos para mejorar la gestión del sistema para aprovechar todos los recursos”, al tiempo que defendió que si entonces los jóvenes fueron los más perjudicados en la etapa de crisis, “ahora en la etapa de recuperación han de ser también los más beneficiados”.
En este sentido, Báñez resaltó que una de las prioridades del Gobierno sigue siendo favorecer la empleabilidad e inserción de los jóvenes en el mercado de trabajo y por ello aprobó en 2014 el Sistema Nacional de Garantía Juvenil. Se prevé que España reciba en septiembre aproximadamente 400 millones de euros para este sistema, una vez lo apruebe el Parlamento Europeo.
Para Báñez, resulta “urgente” acordar los objetivos estratégicos para el PAPE 2017, uno de ellos consiste en mejorar la empleabilidad y la inserción de los jóvenes menores de 30 años que no estudian ni trabajan, impulsando la Garantía Juvenil y dando cumplimiento a los compromisos adquiridos con la UE.
Como novedad y con el fin de medir su cumplimiento, en el PAPE 2017 se utilizará un indicador relativo al grado de cobertura de la Garantía Juvenil y otro acerca del cumplimiento de los compromisos de certificación de fondos del programa operativo de empleo juvenil de este año.
Tarjeta social
Respecto a la tarjeta social, la ministra la defendió como “uno de los proyectos más importantes de la legislatura” y ha explicado que una de las mesas abiertas en el marco del diálogo social, la del Plan de Choque por el Empleo, analizará también las posibles vías para implantar la tarjeta social. El pasado mes de enero, en la VI Conferencia de Presidentes autonómicos, se acordó crear en el plazo de 3 meses un grupo de trabajo con participación de la Administración General del Estado, las comunidades autónomas, las ciudades con Estatuto de Autonomía y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), incorporando también las aportaciones del tercer sector de acción social, para la implantación de la tarjeta social.
La ministra envió una carta a los presidentes de las comunidades autónomas para pedirles que nombren a los representantes que participarán en dicho grupo de trabajo, que quedará constituido el próximo día 17 e iniciará sus trabajos antes de que acabe el mes. Para el desarrollo de sus tareas, se pondrá a disposición de este grupo una herramienta web en el que los representantes elegidos podrán plantear, de manera transparente y abierta, sus diferentes propuestas y opiniones.
Castilla y León Económica / Europa Press
