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Bruselas da el primer paso para expedientar a España por desequilibrios excesivos

Es la primera vez que se activa este nuevo procedimiento
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Economía.
Olli Rehn, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de Asuntos Económicos.

La Comisión Europea ha dado el primer paso para expedientar a España por considerar que acumula desequilibrios económicos excesivos que podrían agravar la crisis de deuda. Se trata de la primera vez que se activa el nuevo procedimiento, cuya función es detectar y corregir a tiempo los problemas que amenazan el crecimiento.

España supera los umbrales máximos en 6 de los 10 indicadores utilizados por el Ejecutivo comunitario para identificar riesgos económicos. De este modo, se sitúa -junto con Irlanda, Chipre y Portugal, que también sobrepasan el límite en 6 variables- entre los Estados miembros con mayor número de desequilibrios.

En concreto, en materia de riesgos externos y pérdida de competitividad, España supera el umbral máximo considerado saludable en 3 indicadores: déficit por cuenta corriente (-6,5% de media en los últimos 3 años, frente al umbral del -4%), posición neta de inversión internacional (-89,5% del PIB, frente al límite del -35%) y pérdida de cuota de mercado exportador (-11,6% frente al -6%).

En cuanto a los desequilibrios internos, la economía española registra problemas en materia de deuda privada (220% del PIB, frente a un límite de 160%), deuda pública (61% frente al 60%) y nivel de paro (16,5% de la población activa de media en tres años frente a un límite del 10%).

Análisis y medidas correctivas

La Comisión iniciará ahora una investigación en profundidad sobre los problemas detectados en España. Olli Rehn, vicepresidente y responsable de Asuntos Económicos, ha explicado que se centrará en “examinar las causas estructurales del alto nivel de paro y la difícil situación tras una prolongada burbuja en la vivienda y el crédito”.

El siguiente paso será que el Ejecutivo comunitario proponga medidas correctivas. Si el Gobierno las desoye se iniciaría el procedimiento sancionador propiamente dicho, que podría desembocar en una multa de hasta el 0,1% del PIB (1.000 millones de euros en el caso de España).

Europa Press / Castilla y León Económica

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