Las Cortes de Castilla y León aprobaron este martes con los únicos votos a favor del PP la Ley de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, que incorpora el Impuesto sobre Ventas Minoristas de Determinados Hidrocarburos, el denominado céntimo sanitario, y establece un incremento de 2,5 horas sobre la jornada laboral de los funcionarios.
La normativa no contó con el respaldo del PSOE ni del Grupo Mixto que, además, no lograron introducir ninguna de las 160 enmiendas que llegaron vivas para su debate en la sesión plenaria.
De este modo, se establece finalmente el denominado céntimo sanitario que ya existe en 9 de las 13 autonomías de régimen común, incluidas las islas, y que en el caso castellano y leonés gravará con 4,8 céntimos de euro el litro de gasolina, gasóleo de uso general y queroseno y con 0,2 céntimos la tonelada de fuelóleo, lo que permitirá, según la Junta, ingresar 140 millones de euros al año que se destinarán a la financiación de la Sanidad.
Rebaja para el transporte
En este caso, la normativa establece la devolución de la mitad del gravamen autonómico del impuesto sobre las ventas minoristas de hidrocarburos correspondiente al gasóleo de uso profesional -24 euros por cada 1.000 litros- con el objetivo de “reducir el impacto” del impuesto en el sector del transporte, una ventaja que afectará a los vehículos de transporte de mercancías por carreteras, de pasajeros y los taxis.
Ampliación de la jornada vinculada al PIB
La Ley aprobada en solitario por el PP establece también el incremento de 2,5 horas en la jornada laboral de los empleados públicos, aunque finalmente, tras negociaciones en la Mesa de la Función Pública, se ha logrado establecer la “excepcionalidad” de la aplicación este aumento con el fin de que se vuelva a las 35 horas actuales cuando la situación económica mejore, es decir, cuando la economía de Castilla y León registre un incremento superior al 2,5%.
Asimismo, la Junta recaudará en 2012 del Impuesto sobre el Patrimonio, un tributo recuperado por el Gobierno tras elevar el mínimo exento y la valoración de la vivienda habitual al que el Ejecutivo regional no va a renunciar, y cuya recaudación -cerca de 39 millones de euros- se destinará a financiar la Renta Garantizada de Ciudadanía (RGC).
Tributos propios
La normativa establece además que Castilla y León desarrolle por primera vez en su historia 2 tributos propios, en ambos casos de carácter medioambiental.
El primero es la denominada ecotasa, que gravará el daño medioambiental causado por determinados aprovechamientos del agua embalsada, por los parques eólicos y por las instalaciones de transporte de energía eléctrica de alta tensión y que servirá para sufragar acciones de carácter sostenible y mejoras en la eficiencia energética y en el abastecimiento más eficiente de parques empresariales y tecnológicos.
El otro nuevo impuesto gravará la eliminación de residuos de vertederos para fomentar la gestión sostenible de los residuos urbanos e industriales. La recaudación se destinará a financiar actuaciones medioambientales realizadas por los entes locales.
Otras cuestiones
La Ley incluye además una modificación de la normativa del ruido para que los establecimientos hosteleros puedan ampliarlo hasta un 25% sin necesidad de solicitar una nueva licencia ambiental, así como una remodelación de la Ley de Prevención Ambiental para reducir a la mitad el plazo de la tramitación de las licencias ambientales.
En cuanto a la reducción del número de entes administrativos, la Ley incluye la autorización de la extinción de la empresa pública Sotur para formalizar la cesión global de activos y pasivos a la Fundación Siglo, que subrogará todos sus derechos y obligaciones.
Europa Press / Castilla y León Económica
