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Aprobado el reglamento que determina la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León

Se establece una cuantía básica en base al Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples y un complemento por carga familiar
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Aprobado el reglamento que determina la Renta Garantizada de Ciudadanía en Castilla y León.

El Consejo de Gobierno de Castilla y León dio su aprobación al decreto que regula la Renta Garantizada de Ciudadanía y que permitirá su próxima puesta en marcha y aplicación en la comunidad autónoma en beneficio de las personas que se encuentran en situación de exclusión social. El texto aprobado contempla las normas de procedimiento administrativo para el reconocimiento del derecho a percibir la Renta Garantizada, los requisitos y devengo y el seguimiento de la prestación. Del mismo modo, establece las funciones, composición y funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de esta prestación.

Entre otros aspectos, la Ley establece el carácter y la finalidad de esta ayuda pública, las características de las personas que tienen derecho a ser beneficiarios, los requisitos para su percepción, la cuantía, las normas de procedimiento, las acciones para superar la situación de exclusión social, los órganos competentes para la gestión de la Renta y los mecanismos de seguimiento y control.

Factores que fijan la cuantía de la prestación

La cuantía básica mensual de la prestación de la Renta Garantizada de Ciudadanía es del 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) vigente en cada ejercicio económico. A esta cantidad se añade un complemento por cada miembro de la unidad familiar o de convivencia dependiente del titular de la prestación: del 25% de la cuantía básica por el primer miembro, 15% por el segundo y 10% por el tercero y siguientes, hasta un máximo del 130% del IPREM.

La Ley define a la Renta Garantizada de Ciudadanía como una prestación social, de naturaleza económica y percepción periódica y la considera como “la última red de protección”. Su finalidad es proporcionar los medios y apoyos necesarios para cubrir las necesidades básicas de subsistencia y promover la integración de las personas que sufren la exclusión social. Precisamente el Gobierno regional destacó que la normativa propone una acepción “más amplia y novedosa” de ese concepto de exclusión social: en vez de referirse tan sólo a los tradicionales procesos individuales de marginación, se extiende a la condición más objetiva de ausencia o insuficiencia de recursos y medios económicos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado.

Castilla y León Económica

2 comentarios

  1. aver tengooo echada la solitudd y Queriia saver sia hi alguna pagina o algo pa saver si estas aceptadas o noo

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