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El juez abre diligencias contra los Ruiz-Mateos por presunto delito contra la Seguridad Social

Se investiga a uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y a Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa
Clesa, con sede en León, es una de las empresas de Nueva Rumasa en preconcurso
Clesa, con sede en Castilla y León, es una de las empresas de Nueva Rumasa en fase preconcursal.

El Juzgado de Instrucción número 50 de Madrid ha incoado diligencias previas contra Álvaro Ruiz-Mateos, uno de los hijos del fundador de Nueva Rumasa, y contra Antonio Álvarez-Montalvo, directivo de Clesa, por un presunto delito contra la Seguridad Social e insolvencia. El titular de este juzgado recibió el pasado viernes a media mañana un informe policial con las declaraciones de ambos directivos y está examinando la documentación aportada por los agentes.

El procedimiento se ha iniciado tras una denuncia formulada por la Brigada de Delincuencia Económica por un presunto fraude a la Seguridad Social cifrado en 9 millones de euros. De la documentación policial se desprende incluso un posible alzamiento patrimonial, al constar que presuntamente se habría desviado dinero desde Clesa -con planta en Castilla y León– a Dhul, ambas de la familia Ruiz-Mateos y actualmente en fase preconcursal.

Javier Aibar, director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, confirmó el pasado mes de febrero que se habían ordenado embargos preventivos de bienes propiedad de sociedades de la familia Ruiz-Mateos y advirtió de que se habían dado muchas oportunidades a Nueva Rumasa para regularizar su situación. En concreto, la sociedad Clesa tiene una quincena de fincas gravadas con anotaciones de embargos preventivos a favor de la Seguridad Social, según consta en un auto judicial emitido por el Juzgado de Primera Instancia número 67 de Madrid tras una demanda ejecutiva presentada por Royal Bank of Scotland (RBS).

Investigación de la Fiscalía

Por otro lado, la Fiscalía General General del Estado ha otorgado a Anticorrupción una prórroga adicional de seis meses para seguir investigando la emisión de pagarés de Nueva Rumasa, ya que el plazo de un año que tenían los fiscales para la práctica de diligencias finalizaba este martes.

La Fiscalía Anticorrupción investiga desde hace un año el destino del dinero aportado por los inversores al holding de la familia Ruiz-Mateos para determinar si existieron presuntos delitos de insolvencia punible o alzamiento de bienes. Fuentes de la investigación explicaron que, por el momento, se han localizado cerca de 900 inversores particulares frente a los 5.000 que los propietarios de Nueva Rumasa aseguran tener. Este listado incluye los depósitos entregados en las 4 emisiones de pagarés y ampliaciones de capital realizadas desde febrero de 2009 hasta finales de 2010.

Las inversiones van desde un mínimo de 50.000 euros hasta un máximo de 3 millones de euros, a través de las sociedades Carcesa, Hibramer, Maspalomas Hoteles y José María Ruiz-Mateos y 2 de participaciones sociales correspondientes a Dhul y Clesa.

Europa Press / Castilla y León Económica

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