Soraya Mayo, presidenta regional de ATA, solicitó al Gobierno la misma diligencia en la realización de los controles sobre la Ley de Morosidad que el esfuerzo que dedica al cumplimiento de la Ley Antitabaco. Tras acusar a todas las administraciones públicas de no dar ejemplo y de ser las primer en incumplir la normativa, recordó que un afrontar en plazo de los pagos ayudaría a salvar a muchas empresas de Castilla y León y, por lo tanto, muchos puestos de trabajo.
También aprovechó la ocasión para advertir de los efectos negativos de la Ley Antitabaco en el sector de la hostelería, con unos ingresos que han caído entre un 40 y un 60% en el 80% de los casos y cuya consecuencia es la destrucción de empleo.
Reinventar las cajas
Mayo también reclamó al Ejecutivo central una nueva “vuelta de tuerca” en la reforma del sistema financiero nacional, con el objetivo de facilitar el crédito a largo plazo. “Que las refunden, las reinventen… que hagan lo que tengan que hacer”, pidió la presidenta de ATA Castilla y León, para quien es necesaria además una profesionalización de las cajas de ahorro, ya que hasta la fecha hay “mucho político”.
En este sentido, manifestó tener dudas sobre si la nacionalización de las entidades de ahorro más débiles es la clave para salvar el sistema, aunque admitió que la medida sería positiva si es la única manera de que “suelten el crédito” que fluya a largo plazo hacia las pequeñas y medianas empresas, hacia los autónomos y hacia las familias “que es lo que hace falta”. A su juicio, con las ayudas del ICO Directo “habría venido muy bien haber contado con una banca pública, por cercanía y porque habría ahorrado algún trámite”.
Según sus datos, aunque los autónomos son un colectivo más proclive a operar y a hacer negocio con las entidades de ahorro por cercanía y por su mayor presencia en el medio rural, en 2010 se pasaron de forma generalizada a la banca por su mayor fiabilidad y porque está dando más créditos.
Europa Press / Castilla y León Económica
