La sección cuarta de la sala de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional ha levantado las medidas cautelarísimas que había aplicado sobre uno de los desarrollos normativos del real decreto del carbón nacional. Esta decisión, acordada por el magistrado José Luis Requero, responde a un recurso presentado por el abogado del Estado, al que se sumaron posteriormente las eléctricas E.ON y HC, así como la patronal Carbunión.
La decisión inicial de la Audiencia de imponer cautelarísimas había sido adoptada a solicitud de Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa, y se refiere a uno de los desarrollos normativos del decreto, en el que se emplaza a las compañías eléctricas a presentar en 3 días cartas de compromiso de adquisición de carbón hasta 2012. Ahora, el tribunal ha decidido levantar las cautelarísimas después de que el Tribunal Supremo hiciera lo propio con las cautelares que, en paralelo, había impuesto sobre el real decreto. De hecho, la Audiencia Nacional había condicionado en noviembre el mantenimiento de las cautelarísimas a que el Supremo se pronunciara en la misma dirección.
En diciembre, el Supremo emitió varios autos en los que rechazaba las cautelares solicitadas tanto por las eléctricas como por la Xunta de Galicia, lo que despejó el camino para que la Audiencia Nacional se pronunciara en la misma línea, como acaba de hacer. De esta forma, ambas instituciones inician un período más largo de análisis del caso y permiten, al menos temporalmente, la entrada en vigor del decreto, que ahora sólo se encuentra pendiente de que el Tribunal de Luxemburgo levante sus cautelarísimas.
3 frentes legales
El frente de la Audiencia es, junto al del Supremo, uno de los 3 en los que las eléctricas intentan evitar la aplicación del decreto, en el que se incentiva la quema de carbón nacional en centrales térmicas. El tercer frente corresponde al Tribunal de Luxemburgo, que hoy ha convocado una vista judicial entre las 3 grandes eléctricas y el Gobierno para determinar si mantiene las medidas cautelarísimas aplicadas en octubre.
Por su parte, Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio, ha defendido una vez el texto, instantes después de conocerse la decisión de la Audiencia Nacional. “Nunca se ha puesto en cuestión la legalidad del decreto, sino el procedimiento de la Comisión Europea. Veremos lo que tiene que decir el Tribunal al respecto”, sentenció.
Europa Press / Castilla y León Económica
