Los centros especiales de empleo de Castilla y León no se han visto afectados hasta el momento por la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) a causa de la crisis económica que atraviesa el país, según afirmó Córdula García, directora general de Economía Social de la Junta. Estos módulos contemplan por ley que el 70% de los empleados tengan algún tipo de discapacidad, lo que supone que más de 3.700 personas de este colectivo actualmente trabajen en alguno de estos centros.
La directora general explicó que la mayoría de estas entidades se dedican en la comunidad autónoma a la prestación de servicios como, por ejemplo, hostelería, recogida de aceite usado, mantenimiento de jardines y asesoría. “Hacen el trabajo con gran profesionalidad”, añadió durante su intervención en el II Encuentro Hispanoluso de Profesionales en el Área de la Discapacidad, que tuvo lugar en el Centro de Recuperación de Personas con Discapacidad Física de Salamanca (CRMF). En el acto estuvieron presentes Jesús Málaga, subdelegado del Gobierno en Salamanca; Ricardo Bravo, director del Centro, y Augusto Pimenta, cónsul de Portugal en Salamanca.
El encuentro también sirvió para la presentación de un estudio exploratorio sobre la inserción laboral de personas con discapacidad en la raya transfronteriza entre España y Portugal, elaborado por las técnicos del CRMF Maribel Campo y Maribel Cruz. Campo explicó que el trabajo se realizó con preguntas a 120 personas discapacitadas de ambos lados de la frontera, principalmente con problemas físicos en España y psíquicos en Portugal, por lo que ofrece realidades “diferentes” en el ámbito laboral.
Aun así sacaron conclusiones generales, como que la situación económica adversa ha supuesto pérdida de oportunidades para aquellos que buscaban empleo en el mercado ordinario, pero que se han mantenido las plazas existentes en los centros especializados de empleo.
Europa Press
