Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, presentó este jueves el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para 2021, “el más elevado y ambicioso de la historia de Castilla y León” con 12.291,4 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 13,19 % respecto a los últimos aprobados correspondientes al ejercicio 2018. Acompañado por Francisco Igea, vicepresidente del Ejecutivo regional, incidió en que estas cuentas, en las que no se contemplan los fondos europeos, van a suponer “un escudo social y económico para superar la actual situación y afrontar el futuro”.
“Se han diseñado para afrontar la pandemia y encarar la recuperación económica y la modernización de la comunidad autónoma”, destacó el jefe del Ejecutivo autonómico, que insistió en que persiguen cumplir los grandes objetivos de región, como son la transformación digital, el desarrollo rural, los retos demográfico y verde, la transparencia, la calidad de los servicios públicos y la nueva economía.
Compromiso social
Sanidad, Educación y Familia aglutinan casi el 80% del gasto no financiero de las consejerías. Juntas gestionarán 7.806,2 millones de euros el próximo ejercicio, el 18,16% más que en 2018 (lo que equivale a 1.200 millones de euros adicionales). No en vano, los recursos asignados a estos 3 departamentos representan el 13,5% de la riqueza autonómica.
El mayor esfuerzo se concentra en el primero, que dispondrá de 4.365 millones de euros, el 21,6% más, para hacer frente a la pandemia y garantizar la mejor calidad asistencial. Por su parte, Educación contará con 2.359,8 un 12,6% más).
Las 3 áreas sociales del Gobierno regional absorben el 88% del total de los gastos de personal y el 95% de los corrientes en bienes y servicios, capítulo con el que se atienden, entre otras facturas, las derivadas del funcionamiento de hospitales, colegios públicos y centros de servicios sociales. De igual modo, Sanidad, Educación y Familia acaparan el 95% del montante de las transferencias corrientes, con las que se hace frente a los gastos de farmacia hospitalaria, de la dependencia y de colegios concertados y universidades.
Las cuentas consignan más de 800 millones de euros para garantizar la atención social en este complejo contexto, con un aumento medio del 20% en el gasto para estas políticas. Este crecimiento se eleva al 65% en los programas dirigidos a apoyar a las familias y al 25% en el caso de los orientadas a las mujeres.
Ayudas a las empresas y protección del empleo
El blindaje de las políticas sociales se acompasa con el fomento a las de reactivación para acelerar el pulso de la economía. El apoyo al tejido productivo se concreta en casi 123 millones de euros en ayudas directas, más de 32 en apoyos financieros y 15 en suelo industrial, que gestionará la Consejería de Economía y Hacienda con 376,5 millones de presupuesto.
Por otro lado, a dinamizar el mercado laboral se destinan 345,46 millones, con un crecimiento del 11,15%, una cuantía que administrará la Consejería de Empleo e Industria y que le permitirá cumplir los compromisos adquiridos con el Diálogo Social, como el Plan de Choque por el Empleo.
La inversión en I+D+i supera el umbral del 3%
El impulso económico debe trazarse ligado al proceso de modernización y digitalización de Castilla y León. Con esta finalidad, las cuentas de la Junta para 2021 reservan 296 millones de euros para ejecutar políticas de ciencia y tecnología, unos créditos que crecen el 24% y cuyo peso supera el 3% del gasto no financiero de las consejerías. Destaca el avance del 75% en los fondos destinados a la innovación, al tiempo que se hace un especial esfuerzo en las inversiones en telecomunicaciones –con 5 millones consignados para la extensión de la banda ancha en las zonas rurales– y en la sociedad de la información en la enseñanza, destinándose más de 15 millones a esta finalidad.
La atención al medio rural también ocupa un lugar preferente. Al sector agrario se dirigen 1.419,45 millones de euros, incluyendo la PAC, si bien el presupuesto de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural – que se eleva a 524,2 millones– crece más del 10% descontando los fondos europeos.
Asimismo, la hoja de ruta de la Junta para este mandato apuesta por el medio ambiente. La dotación para estos programas se incrementa el 21%, un esfuerzo que se duplica si se atiende a las inversiones en abastecimiento y saneamiento de agua. De su ejecución se encargará Fomento y Medio Ambiente, que gestionará 540,8 millones.
Relacionado con lo anterior, las cuentas propuestas por el Ejecutivo autonómico para el próximo ejercicio son coherentes con el compromiso de reforzar la cooperación con el mundo local. Los recursos destinados al Plan de Cooperación Local suponen 346,29 millones de euros, lo que implica un incremento del 20,17% respecto a los anteriores presupuestos.
La coordinación con las entidades locales es responsabilidad de la Consejería de la Presidencia, la que más ve crecer su presupuesto; concretamente lo hace el 28% hasta los 141,1 millones. Por su parte, a Cultura y Turismo le corresponden 140,7 millones y Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior contará con 20,2 millones.
Vertebración territorial
La política industrial de la Junta se diseña con el reto de contribuir a la vertebración mediante el aprovechamiento de las potencialidades de cada zona a través de los programas territoriales. En este sentido, se habilitan créditos para continuar con el desarrollo de los planes vigentes –Béjar, Benavente y Ávila–, mediante inversiones infraestructuras y apoyos financieros a las empresas. A las iniciativas anteriores hay que añadir el Plan de Dinamización Económica y Demográfica de la Provincia de Soria –con 40 actuaciones previstas por valor de 19,36 millones de euros– y las actuaciones para la reactivación de las zonas mineras, con 22 proyectos en marcha que suponen 15,2 millones de euros.
El documento aprobado este jueves en Consejo de Gobierno extraordinario, que se remitirá a las Cortes para su tramitación parlamentaria, “consagra el cumplimiento de los compromisos adquiridos por la Junta en el Pacto por la Recuperación Económica, el Empleo y la Cohesión Social, suscrito en junio junto a 5 fuerzas políticas”, recordó Fernández Mañueco, que tendió la mano a los grupos de la oposición para consensuar los presupuestos.
En su intervención, Igea señaló que, en sintonía con la mayoría de organismos de análisis y predicción, se estima una recuperación progresiva de la actividad económica en 2021 que, “si bien no logrará alcanzar el nivel perdido en este año, empujará el Producto Interior Bruto (PIB) a un crecimiento del 7,5%, frente al 7,2% estimado para la economía española. Las previsiones indican que el empleo crecerá el 2,8 % y la tasa de paro se situará en el 13,9%, 3 puntos por debajo de la media española. La deuda pública en la Comunidad alcanzará el 23,7% del PIB, 2,3 puntos inferior a la media de España”.
El análisis del estado de ingresos del Proyecto de Presupuestos para 2021 revela que el 60,1% de los fondos que lo nutren proceden del modelo de financiación autonómica. Son 7.392,6 millones de euros, una cuantía que, “pese a ser el 14 % mayor que en las últimas cuentas aprobadas, es más insuficiente que nunca para atender el gasto de los servicios públicos fundamentales, disparado como consecuencia de la crisis sanitaria. En este apartado cabe resaltar el incremento del 14,9 % previsto en la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y la práctica congelación en la asociada al Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA)”.
En segundo término figuran los ingresos por los tributos propios, de gestión autonómica, que aportan 703 millones, el 5,7 % del total. “En unos momentos tan complicados como los actuales, las cuentas propuestas por la Junta garantizan una política fiscal favorable a la recuperación económica y el empleo”, apuntó Igea.
Además, se mantienen los beneficios fiscales vigentes para ahorrar 336,37 millones de euros a más de 155.000 familias, especialmente a través de las deducciones sobre el Impuesto de Sucesiones y Donaciones.
Bonificaciones fiscales en favor del medio rural
Una de las principales novedades reguladas en el Proyecto de Ley de Medidas Tributarias, Financieras y Administrativas, también aprobado este jueves, es el establecimiento de 2s nuevas deducciones dirigidas a las personas y a las empresas que desarrollan su actividad en el medio rural. Por un lado, se rebaja el 25% el tipo reducido del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales para el traspaso de negocios en el mundo rural (dejándolo en el 3 %), en referencia a la titularidad de inmuebles que constituyan la sede social o centro de trabajo de empresas. Por otra parte, se fija una bonificación del 95% sobre la tasa ganadera por servicios veterinarios.
En la tarta global de ingresos, otra porción relevante es la de las transferencias del Estado y de la UE, que se incrementan el 7% hasta sumar 2.239,6 millones de euros y aportan el 18,2% del total. La partida más significativa es la de la Política Agraria Común (PAC), que se mantiene inalterada en 924,4 millones de euros.
En último lugar, las operaciones financieras inyectan casi 1.956,2 millones de euros, el 16% del total de ingresos. Esta partida crece el 29,5% como consecuencia del nuevo endeudamiento, acorde al objetivo de déficit del 1,1%, y a la deuda de reposición.
Dentro de los 12.291,4 millones de euros del proyecto presupuestario, el análisis sobre el estado de gastos arroja 3 cifras reseñables. La primera, 1.311,1 millones de euros, es el montante de las operaciones financieras, que se refieren fundamentalmente a la amortización de deuda.
La segunda asciende a 10.980,2 millones de euros y refleja el gasto no financiero, es decir, la magnitud de referencia a la que deben ajustarse los programas de la Junta. Sin embargo, no todos estos recursos estarán a disposición de las consejerías, puesto que de esta cantidad hay que descontar los fondos de la PAC (924,4 millones de euros), los destinados a abonar los intereses de la deuda (239,2 millones) y los reservados para financiar a las instituciones de la región a través del Presupuesto de las Cortes (33,7 millones de euros).
La operación anterior da como resultado casi 9.783 millones de euros, la tercera cifra y la más relevante. Es el dinero efectivo que van a manejar las consejerías del Gobierno autonómico en 2021 para ejecutar sus políticas. Esta cantidad es un 17,3% superior, en términos homogéneos, a la del último presupuesto aprobado, lo que en números absolutos implica disponer de 1.441 millones de euros adicionales.
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