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Medicinas para sanar la economía enferma de Castilla y León

El Gobierno regional y las principales asociaciones empresariales apuntan algunas de las medidas necesarias para dinamizar la actividad y crear empleo tras la crisis del Covid-19: inyectar liquidez, más formación, transformación digital y apostar por la innovación
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Tras los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los esfuerzos de la sociedad castellana y leonesa se centran en relanzar la economía para que la recesión sea lo menos profunda posible.

Tras los peores momentos de la crisis sanitaria provocada por el Covid-19, los esfuerzos de la sociedad castellana y leonesa se centran en relanzar la economía para que la recesión sea lo menos profunda posible, lo que facilitará una rápida recuperación y, por lo tanto, que las empresas de la región retomen con premura su nivel de actividad previo a la crisis. Con una previsión de caída del PIB en España que los expertos sitúan entre el 8% y el 14% en 2020, es imprescindible establecer las medidas adecuadas para que estas circunstancias se conviertan en una oportunidad para los negocios castellanos y leoneses y situarnos en una posición óptima de cara a la reactivación económica. La Junta, Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL), Cecale, el Consejo de Cámaras de Comercio de Castilla y León, el Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) y las asociaciones de autónomos ATA y UPTA ofrecen las que, a su juicio, son las claves para lograr el objetivo común de relanzar la economía de la región.

Según Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta, el principal reto que las compañías de la región plantean a la Administración regional es la liquidez. Por ello, su Departamento ha establecido medidas como el aplazamiento de los impuestos autonómicos, que ha beneficiado a 114.000 contribuyentes con un importe de 120 millones de euros; así como garantizar el pago en plazo a sus proveedores, actuaciones específicas para autónomos y micropymes y acuerdos en el seno del Diálogo Social.

Gobierno amigable

“El de Castilla y León es un gobierno amigable con el tejido productivo. Hay que apostar por el apoyo a las empresas, a las pymes, a los trabajadores y a los autónomos. Nuestra misión es dar estabilidad y seguridad y, por lo tanto, no crear nuevos debates que sean contraproducentes y generen inestabilidades para el tejido productivo”, apunta Fernández Carriedo, quien se refiere también como elemento diferenciador a la voluntad de acuerdo y pacto con el resto de fuerzas políticas para mantener la estabilidad.

El consejero de Economía y Hacienda recuerda los esfuerzos del Gobierno regional para inyectar liquidez con medidas muy concretas, como las establecidas de la mano de Iberaval, que incluyen, por ejemplo, créditos para autónomos y micropymes con un año de carencia y sin tipo de interés y nuevas líneas de apoyo al teletrabajo y a las pymes de sectores especialmente afectados por el Covid-19 con bajadas de tipo de intereses
En cuanto a su visión de la economía de la región a corto plazo, detalla que el objetivo de la Junta es que el hundimiento del PIB y el crecimiento del paro y la deuda sean menores que en España y Europa, un factor que considera muy importante a la hora de obtener una posición ventajosa en la recuperación.

Salir reforzados

Respecto a la evolución a medio y largo plazo, Fernández Carriedo avanza que, a su juicio, el escenario “va a cambiar considerablemente, tanto cuantitativamente como cualitativamente”. Así, detalla que en este nuevo camino “saldrán tocados algunos aspectos como las grandes ciudades y la globalización sin límites”, factores que puede aprovechar la economía de Castilla y León para salir reforzada al poner en valor su mundo rural y la seguridad de las ciudades medianas, un aspecto especialmente relevante en el ámbito del turismo, en el que nuestra comunidad autónoma contrapone calidad al sol y playa masivo.

“Quien mejor interprete la realidad de este nuevo escenario económico inmediato será quien más vaya a acertar. Ya no va a valer lo de siempre, si no hacer cosas nuevas”, subraya el consejero de Economía y Hacienda, que destaca la necesidad de que Europa, y con ella España y Castilla y León, apueste por una industria básica y estratégica, por lo que considera un error decisiones como el cierre de la minería y la eliminación de la producción energética y poner fecha de caducidad a los vehículos de combustión.

Aunque reconoce que ningún tejido productivo estaba preparado para el impacto de una pandemia como la del Covid-19, Fernández Carriedo apunta que algunas de las características del de Castilla y León son más favorables, al haber apostado “por una economía real, como la producción agroalimentaria y una industria apoyada en la formación y la productividad, sin olvidar los valores y principios, que van a ser muy importantes en la recuperación. Tenemos que aprovechar este escenario, que no sólo son cifras, para adaptarnos al cambio”. Algunas de las claves que aporta el consejero de cara al futuro son la digitalización y la economía del conocimiento, la apuesta por la formación, la calidad de los productos y una nueva sociedad donde las medianas ciudades y el mundo rural es cada vez son más importante.

Empresa Familiar

El principal objetivo en el momento actual para las empresas de EFCL es el mantenimiento y la recuperación del empleo, como señala su nueva presidenta, Rocío Hervella, que incide en la necesidad de desarrollar las capacidades de las compañías para hacerlas más eficientes, líderes en sus sectores y acelerar este proceso para “estar los primeros de la fila en 2021”. En esta línea, la también confundadora y CEO de Prosol subraya la puesta en marcha de la iniciativa Jóvenes ilusionados con su futuro en Castilla y León, en la que también participan la Junta, el Círculo de Empresarios y Kearney, que define como “una apuesta decidida por la Formación Profesional que va a convertir a nuestra comunidad autónoma en punta de lanza de la FP Dual con un modelo escalable y ejemplar”. El objetivo de este proyecto es corregir el desacoplamiento que existe en la región entre la necesidad de las empresas y la mano de obra cualificada.

“Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), dos tercios de las profesiones demandadas en 2025 serán técnicas y, en la actualidad, sólo hay un tercio. Vamos a convertir Castilla y León, que ya es Tierra de Sabor, en Tierra de Saber”, subraya Hervella, quien avanza que esta asociación, que engloba a más de 160 empresas que representan el 20% del PIB regional, está ultimando la elaboración de un documento con las propuestas de sus mesas sectoriales para reactivar la economía, que será entregado a Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, en este mes de julio.

Plan de Crecimiento Empresarial

Hervella destaca el buen resultado del Plan de Crecimiento Empresarial impulsado por la Junta en colaboración con EFCL, que ya ha distribuido 89 millones de euros y quedan pendientes 30 millones más. “La recuperación pasa por medidas de liquidez, solvencia y confianza”, apunta la máxima responsable de este lobby empresarial, al tiempo que reclama a la Administración regional que realice todos los esfuerzos posibles para aplazar y reducir los impuestos de su competencia y comenta: “no hay que pensar en déficit y sí en reactivar la economía cuanto antes”. También exige a los gobernantes una visión de Estado por encima de las aspiraciones partidistas de cada uno y destaca la necesidad de buscar soluciones imaginativas y eficaces para salir lo más apresuradamente de esta crisis, por lo que solicita al Gobierno regional su colaboración “para que despliegue, en este 2020 y como situación excepcional, todas las medidas de apoyo a su alcance para asegurar la liquidez del tejido productivo. Son necesarias medidas tributarias que de forma inteligente sirvan de palanca para generar incentivos de consumo en sectores que también tienen un efecto multiplicador en la creación de empleo”.

Hervella apunta también la importancia de recuperar la confianza en nuestro país y en Castilla y León, “y para recuperar la confianza de nuestros clientes y de los trabajadores en nuestras empresas debemos apoyar medidas que nos proyecten como empresas seguras”. En este sentido, recuerda que EFCL ha puesto en marcha el sello BSafe junto a KPMG, que certificará a las compañías que cumplan los protocolos de seguridad determinados. “Liquidez, solvencia y confianza son, por tanto, las bases de lo que en realidad es nuestro principal objetivo y faro: la transformación”, concluye la presidenta de la citada agrupación.

Cecale

Por su parte, Cecale propone establecer medidas en este momento para obtener resultados en un horizonte a corto, medio y largo plazo. Así, Santiago Aparicio, presidente de la patronal de Castilla y León, subraya que es preciso reactivar cuanto antes la actividad empresarial y, en especial, los sectores más afectados por no haber sido considerados como actividades esenciales, así como aquéllos que aún tienen limitada la extensión de su actividad. Por ello, reclama a los gobiernos nacional y regional medidas para dotar de liquidez a las empresas, agilizar los procesos administrativos de la concesión de ayudas, ampliar su alcance y acelerar el pago de las facturas pendientes por parte de las administraciones y las devoluciones tributarias.

Asimismo, solicita acompasar los costes con la recuperación de la actividad y la demanda, prolongar las medidas excepcionales en lo relativo a la suspensión de contratos y reducción de jornada y flexibilizar los ERTE, todo ello con el objetivo de “preservar el tejido de pymes y autónomos, que conforman el 99% de la estructura productiva empresarial y son, además, más vulnerables a episodios como el actual”, apunta el presidente de Cecale, que reclama también “iniciativas que permitan hibernar las salidas de caja gracias a medidas específicas”, como pueden ser diferir el pago de impuestos y autoliquidaciones y el retraso en el ingreso de cotizaciones. Además, considera fundamental aumentar los fondos de ayudas destinados a la digitalización de las pymes y autónomos. Por otra parte, en el ámbito regulatorio en materia concursal y de reestructuración, propone suspender transitoriamente la obligación de solicitar la declaración de concurso para las empresas cuya situación de insolvencia sea consecuencia del estado de crisis; así como la creación de un marco legal flexible “que incentive y transmita confianza y seguridad jurídica”.

Cecale plantea también la puesta en marcha en estos momentos de una batería de medidas, pero con el foco puesto a doce meses vista, y que se puedan ampliar en función de la evolución del Covid-19 y de la actividad empresarial. Se refiere al impulso al Diálogo Social; el desarrollo de la digitalización, tanto en el sector privado como público; y el crecimiento estratégico de las actividades de I+D+i, con un mayor liderazgo de las administraciones y la colaboración público-privada.

“Es el momento de comenzar también a diseñar actuaciones a largo plazo, hasta dos años, que tienen un carácter estructural”, apunta Aparicio, que menciona los ámbitos fiscal, en el que pide evitar incrementos de impuestos que lastren el proceso de adaptación y destruyan tejido empresarial; de las finanzas públicas, para revertir el aumento del déficit público y consolidar las cuentas por la vía de la moderación y la eficiencia del gasto; y del marco regulatorio, que debe simplificarse y garantizar la libertad de empresa y la flexibilidad económica y laboral.

Educación

En cuanto a la educación, Cecale plantea reforzar las estructuras de incentivos al esfuerzo, al trabajo y a la formación y prestar especial atención a las nuevas competencias tecnológicas y STEM. “La oportunidad del Diálogo Social como punto de encuentro y consenso debe ser el marco natural de las reformas necesarias para la modernización de nuestro tejido productivo, para hacer frente, entre otros, a los retos del envejecimiento, despoblación, digitalización y cambio climático”, apunta Aparicio, que hace referencia también al Plan de Recuperación de la UE, sobre el que expresa su deseo de que sea “claro, ambicioso y coordinado, y que contribuya a recuperar la confianza y la capacidad de inversión de las empresas”.

Para Cecale, el nuevo entorno nacido de la pandemia del Covid-19 debe estar guiado por cinco palancas estratégicas que aceleren una actividad empresarial competitivamente sostenible, como son el Diálogo Social, la digitalización, la industrialización, la transformación medioambiental y el talento.

Cámaras de Comercio

Parecidas recetas propone Antonio Miguel Méndez Pozo, presidente del Consejo de Cámaras de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, quien considera esencial mantener y estimular la actividad económica “desde la prudencia, la responsabilidad y el consenso con toda la sociedad. Para ello, hay que creer en nuestro potencial y poner en valor nuestros activos y recursos endógenos. Si la confianza es uno de los cimientos para edificar las relaciones humanas, vamos a construir esa reactivación económica como un proyecto planificado y meditado con rigor, pues los efectos de la pandemia se trasladan a sectores vitales para el PIB de la comunidad autónoma, como la agroalimentación, la automoción, el turismo, el comercio, la hostelería, la cultura y la vivienda”.

Méndez Pozo señala la importancia de mantener la competitividad en el ámbito del comercio exterior; considera vital preservar todo lo posible la actividad exportadora de las empresas, “ya que incumplir contratos pone en riesgo la continuidad de la exportación futura”; y recuerda que los empresarios y las empresas “dependerán de que también las administraciones y la sociedad estén a su lado, pues el bienestar del conjunto de la ciudadanía necesitará de la buena marcha del tejido empresarial”.

Entre las medidas que propone el Consejo de Cámaras de Castilla y León se encuentran la puesta en marcha de avales del Estado al 100%, apoyo financiero por parte de la banca al tejido productivo, alargar los plazos de amortización a seis años e incorporar dos años de carencia, sin olvidar que la concesión de ayudas y los trámites burocráticos sean más ágiles y simples. Además, reclama contar con unos presupuestos autonómicos y mayores posibilidades de endeudamiento para Castilla y León para ayudar a las empresas y, de forma colateral, a los trabajadores, “pues tenemos en cuenta que la empresa como tal es la suma de empresarios y trabajadores”, aclara Méndez Pozo, que menciona también otras demandas de la organización que preside, como son el aplazamiento del pago de las cuotas a la Seguridad Social sin coste financiero para las empresas, tramitar con urgencia la Ley de Reserva Estratégica de material sanitario y revisar y fortalecer el sistema sanitario en la asistencia domiciliaria y en las residencias.

El Consejo de Cámaras de Castilla y León plantea además flexibilizar la vigencia y condiciones de los ERTE para permitir una reincorporación escalonada acorde a la evolución de la actividad, atendiendo a las particularidades de cada sector; apostar por la mediación civil y mercantil como solución rápida y económica de conflictos; y crear un núcleo de confianza, seguridad e incentivos al consumo como activos clave para la reconstrucción de la región.

Por último, las aportaciones de este organismo incluyen la puesta en marcha de una estrategia de digitalización regional, con especial incidencia en el medio rural; el apoyo al turismo como sector clave para la salida de la crisis; potenciar la licitación de obra pública; y apostar por la enseñanza del español por su capacidad de negocio.

Colegio de Economistas de Valladolid

“La aparición de la pandemia del Covid-19 ha hecho tambalear los cimientos sociales y económicos a nivel global, que son muy difíciles de cuantificar. Los ciudadanos, verdadero motor de la economía a través del consumo, tienen una gran incertidumbre en el futuro que junto con la desconfianza de las instituciones y de los gobiernos hace que el Covid-19 tenga un impacto de consecuencias impredecibles en las empresas, especialmente en las pymes, en el empleo y, por supuesto, en las cuentas del Estado y de las comunidades autónomas, con una caída producida por el descenso en la actividad y un incremento de los gastos originando un déficit muy elevado”, explica Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), que recuerda que el Observatorio Económico de Castilla y León, elaborado por esta institución, “prevé un panorama desolador en la economía de la región”, ya que el PIB podría caer entre el 9,6% y el 13,5%, la deuda pública podría alcanzar entre 25% y el 27% y el déficit público podría alcanzar entre 2% y el 2,7%. “En este contexto, sectores que eran la tracción de la economía, como el sector agroalimentario, el industrial y el de los servicios en general, así como el turístico y el cultural, necesitan reactivarse para intentar, en primer lugar, llegar al nivel existente al inicio de la pandemia para lograr seguidamente consolidar, a la vez que potenciar un crecimiento económico duradero y sostenible con miras a las nuevas generaciones”, añade De Margarida.

Propuestas

Ante este panorama económico y social, Ecova plantea sus propuestas para reactivar la economía de Castilla y León, una vez que se supere la crisis sanitaria, y señala tres pilares básicos, como son la economía, el urbanismo y el territorio, donde se deben concentrar las actuaciones autonómicas y locales para garantizar la reactivación económica y social, teniendo en cuenta el actual contexto estructural de Castilla y León de despoblación, envejecimiento de los ciudadanos y modelo territorial con 2.248 municipios, de los que 2.006 tienen menos de 1.000 habitantes.

En cuanto a la Administración autonómica, los economistas de Valladolid creen necesario una adaptación de la normativa urbanística con el fin de potenciar y flexibilizar el asentamiento de la industria agroalimentaria en suelo rústico, eliminar trámites administrativos en el ámbito urbanístico y ambiental y también reducir o eliminar estándares urbanísticos a municipios de menos de 5.000 habitantes.

Ordenación del territorio

Asimismo, consideran imprescindible establecer una ordenación del territorio real y consensuada con los agentes públicos y privados al objeto de diseñar áreas que presten servicios públicos a los ciudadanos y que directamente potencie la actividad de usos productivos. De igual forma, proponen instaurar unidades territoriales más competitivas, tanto para la prestación de servicios públicos como para la generación de riqueza.
Ecova considera preciso el apoyo económico a los ayuntamientos para la redacción o revisión de su planteamiento urbanístico general, que ayude a diseñar los ritmos de crecimiento, desarrollo y conservación, al tiempo que regule las potenciales necesidades, tanto de vivienda como de espacio público. Por último, propone la puesta en marcha de ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas que evite la creación de un suelo urbanizable innecesario, para la regeneración y renovación urbana,  para las viviendas de protección pública, que cumpla con el derecho constitucional de una vivienda digna; para la localización de industrias agroalimentarias en un territorio donde el sector primario es determinante; para las iniciativas de turismo interior logrando acercar a ciudadanos de otros territorios; y para el sector de energías limpias, ya que Castilla y León dispone de los elementos fundamentales para su potencial éxito.

Una segunda línea de propuestas está dirigida a los ayuntamientos, a los que Ecova recomienda la redacción o revisión del planteamiento urbanístico en general, para incorporar en su normativa urbanística la flexibilización de usos compatibles para fomentar la actividad económica productiva y social. También propone fomentar el transporte público colectivo logrando un menor impacto medioambiental y una mejora en los flujos de mejora input-output a través, por ejemplo, de aparcamientos disuasorios en los principales ejes de acceso a los municipios. Por último, es necesaria la colaboración económica con las iniciativas de rehabilitación de viviendas y la reducción de impuestos de forma coyuntural al objeto de ayudar a la reactivación económica y social.

Desarrollo rural

De cara a las diputaciones, el colegio presidido por De Margarita recomienda una cooperación económica con los ayuntamientos para la redacción o revisión de su instrumento de planeamiento urbanístico general junto con la digitalización cartográfica del territorio provincial. “No hay que olvidarse de fomentar, con ayudas económicas, las iniciativas privadas de desarrollo rural que establecerán una red de actividad productiva en el territorio que beneficiará el acercamiento y el asentamiento de la población en el mundo rural”, apunta el presidente de Ecova.

Por último, como acción conjunta para las instituciones autonómica, provincial y municipal, Ecova considera imprescindible fomentar la administración electrónica pública, “ya que es la nueva autopista TIC y debe estar pilotada por la administración competente, con el objeto de conseguir una eficiente interoperabilidad”, concluye De Margarida.

La visión de los autónomos

La Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) trasladaron el pasado mes de mayo a José Luis Escrivá, ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, una propuesta acordada por ambas organizaciones que solicita la continuidad de la prestación extraordinaria por cese de actividad más allá del estado de alarma y del período de desescalada, como ya se ha hecho con los ERTES. “Como ya le trasladamos en la reunión interministerial, hemos optado por mantener supuestos vinculados a las restricciones no voluntarias o sobrevenidas sobre la actividad, así como al criterio de descenso de los ingresos”, señala Domiciano Curiel, presidente de ATA en Castilla y León, quien añade: “consideramos que una misma actividad dista mucho de tener la misma casuística que otra en función del territorio y el entorno en el que se desarrolla, y más allá de casos muy concretos, como los autónomos de temporada, ATA y UPTA entendemos que referenciar la continuidad de la prestación al Código CNAES podría no dar solución a las necesidades específicas de las diferentes tipologías de negocios en los mismos”.

Estas asociaciones de autónomos aclaran que han optado porque la prestación extraordinaria correspondiese a períodos trimestrales para facilitar a las mutuas el control del cumplimiento de los requisitos en cuanto a la reducción de ingresos a través de las declaraciones de tributos. “Esta propuesta parte de la convicción de la necesidad de mantener dicha ayuda esencial para el sostenimiento de los autónomos y sus negocios en España”, apunta Curiel.

Plan de Rescate al Comercio Minorista

Por su parte, de cara a las comunidades autónomas, ATA plantea el establecimiento de líneas de ayudas para mejorar la seguridad y salud en el trabajo y para acciones de asesoramiento en esta materia; y para la reactivación de la actividad económica de este colectivo. Asimismo, propone la puesta en marcha de un Plan de Rescate al Comercio Minorista y el establecimiento de convenios con las entidades bancarias para crear líneas de crédito específicas y microcréditos sin aval para emprendedores y con los proveedores de suministros para el aplazamiento de cobros o la exención de pagos.

Por último, esta organización pide ayudas económicas a los autónomos por el cese definitivo de su actividad y un Plan Re-Orienta para incentivar y fomentar las nuevas oportunidades de emprendimiento para aquellos empresarios que opten por iniciar un nuevo negocio por cuenta propia.

Más información en el número de julio de Castilla y León Económica

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