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Unicaja aprueba un dividendo de 3,8 céntimos por acción, un 76% más que el año anterior

La Junta General Ordinaria aprueba las cuentas anuales de 2018, primer ejercicio completo como entidad cotizada
Junta de accionistas de Unicaja Banco.
Junta de accionistas de Unicaja Banco.

La Junta General Ordinaria de Accionistas de Unicaja Banco aprobó este jueves la gestión del Consejo y las cuentas anuales de 2018, del primer ejercicio completo como entidad cotizada, así como el aumento en el reparto de dividendo. La entidad obtuvo el apoyo mayoritario de los accionistas, que refrendaron la gestión en un ejercicio marcado por la culminación de la integración de EspañaDuero y por los avances en el cumplimiento del Plan de Negocio 2017-2020, en transformación digital y dinamización comercial, entre otros aspectos, adelantando a 2018 algunos de los objetivos establecidos para el período.

Así, la calidad de balance y los niveles de solvencia de la entidad permiten anticipar 2 años, ya para el ejercicio 2018, el porcentaje de beneficio neto destinado al pago de dividendos previsto en la salida a bolsa (40% para 2020). Esto supone un dividendo de 3,8 céntimos por acción, frente a 2,1 céntimos abonados con cargo al resultado del ejercicio anterior, lo que supone un incremento del 76%.

12 consejeros

Asimismo, los accionistas de Unicaja Banco aprobaron la propuesta de adaptación del número de miembros del Consejo de Administración, que pasa a estar constituido por 12 consejeros. La Junta de Accionistas contó con la asistencia, presente o representada del 83,4% del capital de la entidad.

Durante su intervención, Manuel Azuaga, presidente de Unicaja Banco, destacó que 2018 “ha sido el primer ejercicio completo que hemos vivido como entidad cotizada”. Un año en el que, como subrayó, “los análisis y pruebas de resistencia evidencian la solidez de Unicaja Banco y su posicionamiento para afrontar escenarios y retos futuros”, así como el “intenso trabajo que realiza nuestra entidad, que le permite estar preparada y adaptarse a las nuevas exigencias regulatorias” que puedan afectar al sector.

Castilla y León Económica

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