Juan Carlos de Margarida, decano-presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, Palencia y Zamora (Ecova), pidió este martes consenso político y la colaboración de todos los agentes implicados del sector público y privado al objeto de salir de la crisis con la máxima eficiencia y eficacia. De Margarida, que realizó un balance de 2020 y analizó el inicio del presente ejercicio durante la presentación este martes del Observatorio Económico correspondiente al cuarto trimestre de 2020, anunció “una cascada de quiebras y desaparición de empresas con un efecto dominó en el empleo si las ayudas directas no vienen acompañadas de una vacunación masiva de la población que cree una confianza en el ciudadano reactivando el consumo, verdadero motor de la economía”.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta, pidió este miércoles en un encuentro ‘online’ con 500 empresarios de la región que "unan esfuerzos" desde el impulso de la colaboración público privada con el fin de que el mayor número posible de proyectos logren captar los fondos para la recuperación impulsados desde la UE, al tiempo que les animó a aprovecharlos para promover su digitalización. En la jornada, en la que también participó Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda, explicó que ya se han recopilado 446 posibles actuaciones que pueden optar a ellos y llegar a movilizar 6.500 millones.

Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León; Antonio Garamendi, presidente de CEOE; y Santiago Aparicio, presidente de CEOE Castilla y León, rubricaron este lunes la puesta en marcha de un protocolo de actuación para ampliar las actuaciones de la comunidad autónoma en la lucha contra el COVID-19, dentro de la iniciativa denominada Plan Sumamos. Durante este acto, al que también asistieron Fátima Báñez, presidenta de la Fundación CEOE; y Ana Carlota Amigo, consejera de Empleo e Industria, se explicó que este plan, que tiene vocación nacional y al que se espera que se incorporen a partir de ahora más comunidades autónomas, incluye la realización de test masivos en empresas, la instalación de centros temporales para la realización de pruebas y una mayor conexión con la administración pública para la comunicación y conteo de resultados.