Silvia Clemente, consejera de Agricultura y Ganadería, compareció ante la Comisión Mixta para la Unión Europea a petición de José Bono, presidente del Congreso. En su intervención, en la Ponencia sobre el marco presupuestario de la Unión Europea 2014-2020 y su impacto sobre la reforma de la Política Agraria Común, Clemente reclamó conocer el impacto económico de la futura PAC planteada por la Comisión Europea, conseguir que el ciudadano europeo vea esta política como generadora de alimentos, que las ayudas garanticen la viabilidad de la agricultura y la ganadería de toda la UE y que España asuma una posición de Estado en esta materia.
La futura PAC, y en concreto las ayudas, deben tener en cuenta, según Clemente, que “la actividad agraria no se ejerce de la misma forma y con los mismos costes en todos los territorios, por lo tanto hay que analizar claramente las causas de esos desequilibrios”.
Ejes de las ayudas de la futura PAC
Estas futuras ayudas para Castilla y León deberían estar estructuradas en 3 pilares: Garantía de rentas, basada en un sistema de ayudas a los agricultores y ganaderos que estén realmente produciendo; pilar de mercado: por una parte, recuperando sistemas de intervención pública en colaboración con los operadores privados del sector e implantando sistemas de seguros contra riesgos, y por otra con normas de competencia adaptadas, favoreciendo la concentración de la oferta; y pilar estructural y de cooperación con el medio natural, basado en actuaciones inversoras en materia agraria y alimentaria, con apoyo a la formación y a la innovación, y en actuaciones de apoyo a la agricultura medioambiental, a la mejora medioambiental en el medio rural, mitigación del cambio climático y a la mejora de las áreas rurales.
Las ayudas deben garantizar a los agricultores un nivel de sus rentas y se deben simplificar los trámites. Además es necesario incluir medidas de intervención que permitan retirar producto en épocas de bajos precios e incorporarlos en épocas de altos precios. “El sistema debe ir acompañado de una regulación sobre Competencia que permita la concentración de la oferta y la negociación de precios, así como un sistema de seguro para cubrir riesgos”, precisó Clemente.
Castilla y León también ha solicitado reducir las exigencias medioambientales para la concesión de las ayudas y que se sustituya la política actual de desarrollo rural por una cooperación con el territorio rural y el medio natural. “No podemos hacer recaer el desarrollo rural en la PAC y en consecuencia en los agricultores y ganaderos. En todo caso, debe contribuir esta política en la mejora de estos territorios, en la medida de sus posibilidades. El desarrollo rural debe ser un objetivo de todas las políticas europeas y nacionales, todas deben contribuir a dar más posibilidades de empleo y riqueza en estas áreas del territorio“, sentenció Clemente.
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