El titular del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Bilbao ha desestimado íntegramente la demanda que ACS interpuso contra Iberdrola por negarse a que acceda a su consejo de administración, pese a ser el primer accionista de la eléctrica, con una participación actualmente del 20,2%. El juez ve justificada la destitución del consejero que ACS propuso para la compañía dirigida por Ignacio Sánchez Galán, al observar “riesgos” por ser ambas empresas “competidoras” en energías renovables e ingeniería industrial y tener intereses contrapuestos en otras áreas como el coche eléctrico.
En su opinión, ninguno de los motivos de impugnación alegados por ACS justifica la anulación de los 2 acuerdos de la última junta de accionistas de la eléctrica, celebrada en marzo de 2010: el correspondiente a la destitución del consejero que había designado y el de la reducción hasta 14 del número de miembros del consejo de administración de Iberdrola, con lo que la constructora quedaba fuera del órgano.
ACS recurrirá
ACS ya ha comunicado en una notificación a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) que presentará un recurso de apelación contra la sentencia emitida por el Juzgado de lo Mercantil de Bilbao. El grupo que preside Florentino Pérez afirma “no estar conforme” con la decisión judicial, por lo que ha decidido interponer el oportuno recurso de apelación, que deberá resolverse por la Audiencia Provincial de Bizkaia.
La sentencia se emite casi un año después de que se iniciara el contencioso jurídico entre las 2 compañías. En la actualidad, está pendiente el otro juicio que las enfrenta, el correspondiente a la impugnación que Iberdrola presentó en un Juzgado de lo Mercantil de Madrid contra las cuentas de ACS y que derivó en otro juicio sobre la participación indirecta de la constructora a través de Natixis.
Además, el juez de Bilbao dicta sentencia días después de que el Tribunal Supremo rechazara la petición de Iberdrola de suspender la obligación de suprimir los blindajes en empresas cotizadas, incluida en la reforma de la Ley de Auditorías y Sociedades Anónimas y que entrará en vigor el próximo 1 de julio, hasta que se resuelva el recurso que la eléctrica interpuso contra esta nueva norma.
Europa Press / Castilla y León Económica
