El Consejo de Gobierno aprobó ampliar las medidas dirigidas a ahorrar costes financieros a las empresas de Castilla y León que contratan con la Junta, con el objetivo de que éstas puedan disponer de una mayor liquidez. La novedad más importante del documento es que todos los licitadores podrán disfrutar de estas ventajas, y no sólo los de obra pública como sucedía hasta ahora.
Estas iniciativas se recogen en las llamadas Directrices Vinculantes en materia de Contratación aprobadas hoy, que son de obligado cumplimiento para todos los órganos de la Junta y se aplicarán durante este 2011 y 2012. Tienen como precedente directo una regulación similar que ha estado vigente en 2009 y 2010, que sin embargo se limitaba a los contratos de obra pública.
Fianzas provisionales
Por otra parte, se prorroga la decisión de eliminar las fianzas provisionales en los contratos con la Administración, que equivalen al 3% del presupuesto de licitación de cada obra o servicio. Con ello se evita que las empresas que concursan tengan que pedir un aval por ese importe, que les computa a efectos de endeudamiento. Además, la Junta se compromete a mantener en un mes -la mitad de lo previsto en la Ley de Contratos del Sector Público- el plazo para acordar la devolución o cancelación de las fianzas definitivas presentadas por los adjudicatarios, lo que les permite recuperar su dinero de manera más rápida y contribuye también a su solvencia.
Por último, la regulación introduce la posibilidad de que los adjudicatarios se acojan al sistema de facturación electrónica que está implantando la Junta.
Castilla y León Económica
