Antonio Pedreira, juez instructor del caso Gürtel en Madrid, se ha inhibió a favor del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León en la parte que implica a José Manuel Fernández Santiago (PP), presidente de las Cortes regionales, por su vinculación a la supuesta adjudicación irregular de la construcción de un tramo de la variante de Olleros de Alba (León), según confirmó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM). La semana pasada, la Fiscalía Anticorrupción presentó un escrito ante el juez Pedreira para que se inhibiera de forma parcial a favor del TSJ de Castilla y León en esta parte de la investigación del caso en base a las personas aforadas implicadas en un informe de la UDEF y de la Intervención General del Estado en relación a la investigación de la citada construcción.
En un auto fechado este lunes, el magistrado se inhibe de forma parcial para que se investigue al presidente de las Cortes regionales de Castilla y León por su participación en la supuesta adjudicación irregular de la Variante de Olleros de Alba. En concreto, se precisa que la inhibición se refiere a tres informes de la UDEF en relación al pago de “una comisión vinculada a la adjudicación del proyecto de construcción de la Variante de Olleros de Alba, carretera cC-626, de Cervera de Pisuerga a la Magdalena por Guardo, Trama de Olleros de Alba del punto kilométrico 4,100-8,600′ a la mercantil Teconsa”, una de las empresas investigadas en la trama corrupta.
Comisión de un 3%
El informe de la UDEF apuntaba a que la constructora Teconsa, que ganó el concurso en Castilla y León para construir un tramo de la variante de Olleros de Alba por 2,84 millones de euros, pagó supuestamente una comisión de 73.655 euros (aproximadamente el 3% del contrato, descontando el IVA) a Francisco Correa, quien a su vez repartió supuestamente el botín. Según recoge el documento judicial, la unidad de auxilio judicial de la IGAE ha concluido tras el examen del citado expediente que en su tramitación se ha incurrido en diversas irregularidades, “vulnerando los principios de publicidad, concurrencia, objetividad y transparencia”. Asimismo, destaca que la orden de inicio de este expediente es del entonces consejero de Fomento de Castilla y León –José Manuel Fernández Santiago-, quien fue también la persona que lo adjudica el 29 de noviembre de 2002.
Cohecho y prevaricación
En la argumentación jurídica, el magistrado esgrime que los hechos relativos a la adjudicación irregular, la percepción de cantidades por ello y su reparto, sin perjuicio de ulterior calificación, podrían ser constitutivos de delito de cohecho sancionado en el artículo 419 del Código Penal y de delito de prevaricación tipificado en el artículo 404 del Código Penal. El juez precisa que el cobro de la comisión se extrae de la documentación intervenida en el domicilio de José Luis Izquierdo, el considerado contable de la trama corrupta liderada por Francisco Correa. En su domicilio se halló una carpeta de color azul que contenía documentos relacionados con esta adjudicación. Entre los documentos figura un fax de la Consejería de Castilla y León remitiendo la adjudicación definitiva de la obra de la variante de Olleros en el que de forma manuscrita se calcula aproximadamente el 3% de la adjudicación sin IVA (73.650).
Hay otro papel manuscrito en el que se anota, entre otros apuntes, la cantidad de 72.000 euros, reflejando que “1.650 euros de diferencia” se entregan a PC. Otro de los papeles correlaciona un sobre de 24.000 euros con las siglas T.O. que se habrían retirado de los 72.000 euros iniciales. El juez apunta a que la correlación entre las siglas T.O. y José Manuel Fernández Santiago se expone detalladamente en un informe de la UDEF. Así, se relaciona las siglas T.O. con Toti, apodo con el que se conoce a Fernández Santiago. Asimismo, recalca que queda por determinar qué otras personas pudieron percibir comisiones por la adjudicación irregular de la citada Variante de Olleros, quienes se ocultan tras las iniciales P.C., L., G. y J. Respecto a las primeras iniciales, se vinculan a Francisco Correa Sánchez y la L. al ex tesorero nacional del PP y senador Luis Bárcenas. Añade que la inicial G. corresponde, al igual que las iniciales G.G., a Gerardo Galeote Quecedo, mientras que la J. al ex diputado del PP Jesús Merino.
Por todo ello, el magistrado instructor entiende en el auto que procede tramitar la inhibición parcial planteada a favor de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León.
Europa Press
