La Comisión Europea propuso una reforma de la política agraria común (PAC) que permita un reparto “más equilibrado” de las ayudas directas que reciben los agricultores, de forma que se eliminen las referencias históricas que en principio favorecen a los antiguos Estados miembros como Francia y España, y que apueste por un reparto más “justo” entre países y entre sectores, premie los esfuerzos para proteger el medio ambiente y prime a las zonas más desfavorecidas. El documento presentado por Dacian Ciolos, comisario de Agricultura, en rueda de prensa en Bruselas apuesta también por un giro hacia un enfoque más ‘verde. “La agricultura europea debe ser competitiva desde el punto de vista económico, pero también medioambiental”, advirtió el comisario, quien añadió que el sector “no incumbe sólo a los agricultores, sino a todos los ciudadanos de la UE, en tanto que consumidores y contribuyentes”.
El objetivo de esta reforma es, de hecho, “justificar mejor ante el contribuyente” el gasto agrícola de la UE, que actualmente suma cerca de 60.000 millones de euros, alrededor del 40% del presupuesto total. España, uno de los principales benefactores de esta política, recibe unos 7.500 millones de euros. Además, Bruselas identificó tres ejes sobre los que apoyar la reforma que defiende y que tiene en cuenta las opiniones recogidas en los últimos meses de parte de los agricultores y ganaderos, de la industria, consumidores y otros grupos de interés. Una producción “viable” que garantice el suministro seguro y de calidad, una gestión “sostenible” de los recursos naturales y el mantenimiento del “equilibrio territorial y la diversidad de las zonas rurales”, son las prioridades.
Los Estados miembros más jóvenes se quejan de una diferencia enorme entre los pagos que reciben sus agricultores -vinculados al tamaño de sus explotaciones- y las ayudas a los productores de los países más veteranos, que se calculan con un método que tiene en cuenta datos históricos y beneficia a los que más produjeron entre 2000 y 2002. Los agricultores más eficientes reciben mejores subsidios y eso “evidentemente, no es justo”, admitieron fuentes europeas consultadas, que señalaron la necesidad de encontrar “criterios más objetivos” para fijar un nuevo sistema de reparto. Así las cosas, Ciolos, es partidario de eliminar esos derechos históricos por los que un agricultor griego recibe como media 500 euros por hectárea, mientras que un letón recibe menos de 100. Este cambio perjudicaría en principio a los viejos Estados miembros como España, aunque fuentes comunitarias han advertido de que los agricultores españoles reciben subsidios por debajo de la media europea, que es de 280 euros por hectárea.
Defensa de los intereses españoles
Rosa Aguilar, nueva ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, ya dijo al asumir el cargo que la defensa de los intereses de los agricultores y ganaderos españoles será un “objetivo irrenunciable” durante la negociación de la nueva PAC, en donde apostará por un “adecuado presupuesto y distribución”. En este contexto, Ciolos abre el debate sobre la reforma con un documento “conceptual” que no detalla los criterios para nuevas fórmulas. Las nuevas perspectivas económicas para el período que comienza en 2013, cuando caduca el actual, no se darán a conocer hasta mediados del próximo año y el comisario quiere saber de cuánto dinero dispone antes de concretar más sus ideas. La propuesta legislativa “con cifras, criterios y evaluación de impacto” llegará previsiblemente en julio de 2011.
En cualquier caso, el comisario apuesta por reemplazar el cálculo actual para las ayudas directas por otro que combine distintos factores. Partir de un pago “base” por hectárea y por región fijado a partir de criterios aún por determinar y que podrían valorar desde su impacto en el empleo, la superficie o el poder adquisitivo del beneficiario, lo que permitiría fijar un “techo” para que los más ricos no sean los que más se beneficien. A esa prima base se sumarían otra para zonas desfavorecidas -aunque no está claro si entre ellas se incluiría a las regiones ultraperiféricas como Canarias- y una tercera con la que incentivar buenas prácticas medioambientales que no son rentables para el agricultor, como el barbecho ecológico, los pastos permanentes o la rotación de cultivos. La propuesta en la que trabaja el comisario Ciolos también contempla reforzar la innovación y la competitividad de las explotaciones agrícolas de la Unión Europea y buscar nuevas herramientas para hacer frente a la volatilidad de los precios.
Defensa de los 97.000 agricultores de Castilla y León
Por su parte, José Antonio de Santiago-Juárez, portavoz de la Junta de Castilla y León y consejero de la Presidencia, abogó por una PAC “fuerte” y sin pérdida de financiación para los 97.000 agricultores de la comunidad autónoma que perciben estas ayudas. No obstante, reiteró que la postura del Gobierno regional al respecto es la del mantenimiento de una política agraria común fuerte y de los actuales niveles de financiación, cifrados en 924 millones de euros anuales. También aprovechó la ocasión para reclamar una vez más que España lleve “una posición de Estado” sobre la PAC, para lo que considera necesaria la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Agricultura, precisamente para fijar esa posición de mínimos y sin pérdida de fondos.
De Santiago-Juárez aclaró también que lo que hoy se presenta son las grandes líneas de la reforma de la PAC, por lo que será a partir de este momento cuando tiene que empezar la negociación, ante lo que se hace necesaria esa “posición de Estado”, como ya pidió también Juan Vicente Herrera, presidente de la Junta. “Tenemos tiempo hasta la primavera de 2011, que es cuando se va a empezar a legislar sobre la PAC”, sentenció el portavoz de la Junta de Castilla y León.
Europa Press
