Los procesos concursales contabilizados en España durante el tercer trimestre de 2010 disminuyeron un 5,5% con respecto al período comprendido entre abril y junio de este mismo año, al pasar de 1.511 a 1.427 procedimientos. Esta última cifra se mantiene ligeramente elevada con respecto al mismo intervalo del año anterior, cuando se registraron 1.117 concursos. A juicio de Valentín Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas, el hecho de que se repita otro trimestre con reducción del número de empresas concursadas “puede indicar una tendencia a la baja de este tipo de procedimientos, que seguiría la senda de la evolución de nuestra economía”, aunque puntualizó que “para llegar a una conclusión tan importante como el número de concursos es el volumen de capital que representan”.
Según las cifras aportadas por el Instituto Nacional de Estadística (INE), una vez más la mayor parte de las empresas que entran en un concurso terminan por ser liquidadas, lo que supone, en primer lugar, que no se cumpla el objetivo pretendido por la Ley de que este procedimiento contribuya a reflotar los negocios en dificultades, lo que implica, por otra parte, que siga existiendo un rechazo a presentar los concursos cuando la situación pueda tener solución, y a que el resto de los agentes económicos vean con excesiva prevención a las empresas concursadas, lo que acentúa las dificultades, explicó Pich. En su opinión, una de las causas que se aprecian es la excesiva duración del procedimiento, motivado por los trámites en algunas fases, que acaba deteriorando definitivamente la viabilidad de la empresa en muchos de estos casos.
Por su parte, Raimon Casanellas, presidente del Registro de Economistas Forenses (REFor), órgano especializado del Consejo General de Colegios de Economistas, advirtió que el leve descenso en el número de concursos de los dos últimos trimestres de este año no evita que permanezca una elevada de tasa de concursos en comparación con los años anteriores a la crisis. Además, en España el procedimiento concursal es aún poco utilizado en comparación con otros países del entorno “debido a la larga duración del procedimiento y el desprestigio y pérdida de valor que ello conlleva a menudo”.
Simplificar el procedimiento
La reforma legislativa que prepara el Ministerio de Justicia se dirige fundamentalmente a simplificar el procedimiento y, en consecuencia, atenuar la pérdida de valor tanto material como inmaterial que supone para una compañía el concurso. Además, está previsto que se de un mayor protagonismo a la administración concursal, descargando así algunas labores del Juzgado, y que se corrijan algunas disfunciones de actuales disposiciones para que en lo posible se pueda evitar el concurso o al menos precipitar una solución al mismo. No obstante, los expertos en la materia consideran que debería mejorarse la regulación referente a los acuerdos previos de refinanciación, así como la de la propuesta anticipada de convenio. “Si bien el Real Decreto-Ley 3/2009 supuso la introducción de la figura de la liquidación anticipada, faltan aún medidas que anticipen la entrada en vigor de un convenio de la concursada con sus acreedores”, argumentaron.
Desde el comienzo de la Ley Concursal en septiembre de 2004, el número de procedimientos a los que ha dado cobertura legislativa es de 16.088, con una media trimestral es de 670 concursos, según datos del INE.
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