La asociación Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) valora de forma “muy positiva” el reciente anuncio realizado por Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta de Castilla y León, de retomar “de manera inmediata” el proceso para la supresión del impuesto sobre Sucesiones y Donaciones.
A juicio de la agrupación, la desaparición de este tributo contribuirá a la reactivación económica en Castilla y León, ya que facilitará una mayor inversión y frenará la marcha de patrimonios o empresas a otras regiones. Además, destaca que se trata de un impuesto que sólo supone el 0,35% del total de ingresos vía tributos para la Junta, que ya ha sido eliminado en otras comunidades autónomas.
“Impuesto injusto”
La supresión del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones es una demanda que EFCL ha venido reiterando durante esta pandemia, por entender que se trata de “un impuesto injusto y discriminatorio” para los habitantes de Castilla y León.
“Confiamos en que la medida pueda tener efectos retroactivos y facilitar, de este modo, que se puedan acoger las familias cuyos familiares han fallecido a causa de la COVID-19”, señalan los responsables de EFCL, que recuerda que la eliminación del impuesto estaba prevista se aprobase en las Cortes de Castilla y León en el mes de marzo del año pasado, cuando fue acordada su suspensión al comenzar la pandemia.
CEOE Castilla y León
CEOE Castilla y León confía en que “esta vez Fernández Mañueco cumpla con este anuncio”. En su opinión, este tipo de impuestos penalizan doblemente a Castilla y León, creando, por un lado, ciudadanos de segunda y de tercera en función de la región en la que vivan, y por otra parte, frenando la inversión empresarial, y, por tanto, la creación de empleo.
La patronal reitera que es necesaria, más en un momento de ciclo económico en fase de desaceleración, una armonización fiscal para evitar que se agudice la deslocalización de empresas de Castilla y León por el alto nivel impositivo, empujando a los empresarios a invertir en otras comunidades autónomas con menor carga.
Por todo ello, solicita que se siga trabajando en medidas que den seguridad jurídica y fiabilidad a las empresas y a los inversores para acelerar y no poner límites a la actividad económica del tejido productivo.
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