Las comunidades autónomas de Castilla y León, Asturias y Aragón firmaron este lunes una declaración conjunta en defensa de un pacto de Estado que permita una transición energética “ordenada y justa” y con un “mix energético” en el que tengan presencia las renovables pero también el carbón autóctono.
El acuerdo fue suscrito por Juan Vicente Herrera; Javier Fernández; y Francisco Javier Lambán, presidentes de Castilla y León, Asturias y Aragón, respectivamente, quienes previamente firmaron un acuerdo con Alberto Núñez Feijóo, presidente de Galicia, en materia de financiación y reto demográfico.
Por su parte, Herrera reconoció que estas 3 comunidades autónomas “sufren un largo y duro proceso de reestructuración del carbón y de la generación eléctrica con carbón” que está teniendo “graves consecuencias económicas y sociales” en estos territorios.
Pacto de Estado
Por ello, sellaron este acuerdo que plantea un pacto de Estado por la energía donde se mantenga un mix energético “con mayor presencia de renovables” pero que se lleve a cabo un transición energética “ordenada y justa” que permita cumplir los compromisos con Europa en materia de cambio climático pero tenga en cuenta los efectos socioeconómicos en las zonas afectadas.
Al respecto, Herrera explicó que en relación con las centrales de carbón autóctono se pide que se establezca un procedimiento de despacho preferente como obligación del servicio público “que garantice una presencia ponderada del carbón en el mix energético” y así recordó que el pasado año, la energía producida por el carbón “sostuvo las necesidad del país cuando falló la eólica o la solar”, al tiempo que ha pedido que las centrales se mantengan hasta 2030.
A través de este pacto las tres regiones buscan establecer un objetivo de mix energético y de generación eléctrica de futuro, con mayor presencia de energías renovables, y que defina el camino de la necesaria transición energética hacia el mismo, compatible con la defensa de un aprovechamiento coherente de los recursos autóctonos.
Este acuerdo intenta evitar el impacto social y económico del cierre de las empresas vinculadas con este sector que producen una repercusión negativa y que propician la despoblación de las zonas afectadas.
Criterios
Por ello, en este pacto reivindican algunos de estos criterios: es imprescindible una transición energética ordenada; la necesidad de establecer un nuevo procedimiento de despacho preferente para las centrales que utilicen carbón autóctono; la estabilidad a largo plazo de contratos de suministro entre empresas eléctricas y mineras; la condición de que las centrales térmicas continúen operativas; establecer fórmulas que permitan una adecuada flexibilidad en la devolución de las ayudas al cierre de las empresas mineras; y la revitalización de las investigaciones en torno a las tecnologías limpias del carbón y de los proyectos industriales asociados a las mismas.
Además, consideran urgente la activación de los fondos previstos para actuaciones de infraestructuras y medioambientales en los municipios mineros, con la dotación de 250 millones de euros prevista en el marco de actuación 2013-18; así como una estrategia para el fomento de las energías renovables para usos térmicos.
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