La Consejería de Empleo e Industria de la Junta incrementará un 12,95% su presupuesto en 2021 hasta alcanzar los 358 millones de euros para ayudar a desempleados, autónomos, empresas y trabajadores frente a la crisis del coronavirus y dinamizar el mercado laboral para lograr niveles pre-Covid.
Ana Carlota Amigo, titular de este Departamento, compareció este viernes en la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes de Castilla y León para explicar el Proyecto de Presupuestos para el año 2021 en lo referente al Área que dirige, centrado de dar respuesta a la complicada situación económica como consecuencia de la pandemia y a su repercusión en el mercado laboral para salvaguardar los puestos de trabajo y el tejido empresarial.
En su intervención, destacó que España se enfrenta a “un momento histórico tanto por la gravedad de la situación como por la oportunidad que se abre para la transformación del tejido productivo en toda a Unión Europea”. Por ello, reclamó que los fondos para la recuperación se distribuyan con criterios técnicos y no desde el “sectarismo ideológico o como instrumento para la compra de voluntades o de apoyos parlamentarios”.
Así, ha reivindicado que la Junta espera participar en la gestión de esos fondos, al tiempo que ha defendido que Castilla y León ha planteado diversos proyectos relacionados con el fomento de la industria 4.0, la promoción de la ciberseguridad, el apoyo a la reindustrialización, la formación en competencias digitales, la elaboración de un Mapa de Empleabilidad de Castilla y León, la digitalización del Servicio Público de Empleo y fomento de Startups, entre otros. “En la medida en que sean atendidos se producirá un incremento sustancial de las inversiones e iniciativas de esta Consejería”, aseguró.
Para mantener el empleo, recualificará a los trabajadores, apostará por el empleo juvenil, impulsará el autoempleo como forma eficaz de inserción laboral, pondrá en valor el teletrabajo, apoyará a los autónomos, respaldará el empleo de las personas con discapacidad y colectivos que están en situación o riesgo de exclusión social, así como incentivará la formación para el empleo prestando especial atención a los cambios tecnológicos y la transformación digital.
Dentro de la salvaguarda del tejido empresarial, abogará por la ciberseguridad, apoyará la inversión en digitalización industrial, contribuyendo a mejorar la competitividad y la generación de I+D+i; promoverá la recuperación del sector comercial, la moda y la artesanía; reforzará el servicio de intermediación laboral con la incorporación de 100 prospectores laborales; y velará por la seguridad y salud de los trabajadores.
Diálogo Social
El diseño de las políticas de Empleo seguirá contando con el Diálogo Social, tanto para consensuar nuevas medidas que hagan frente a los efectos provocados por la pandemia, como para concretar las estrategias que sustituyan a las que finalizan en 2020, en las que se trabaja desde hace semanas, como el Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación Industrial, la Estrategia integrada de Empleo, Formación Profesional, Prevención de Riesgos Laborales e Igualdad y Conciliación en el Empleo o el Plan anual de Política de Empleo de Castilla y León, entre otros.
El acuerdo con los agentes sociales y económicos de la región se complementa con el apoyo directo a los partícipes del Diálogo Social de Castilla y León, y a las actividades y organizaciones nacidas dentro de su seno. En su conjunto, éstos recibirán, a través de los presupuestos del próximo año, 11,6 millones de euros.
Precisamente, el Consejo del Diálogo Social suscribió el pasado 11 noviembre el Plan de Choque para el Empleo, con más de una veintena de líneas para favorecer el empleo de las personas y colectivos especialmente afectados por la crisis.
Más de 220 millones en ayudas a trabajadores y desempleados
Con el fin de proteger a aquellos trabajadores más afectados por la crisis, ha puesto en marcha varias iniciativas a las que destina más de 220 millones en ayudas a trabajadores y desempleados. 2 de ellas, con un presupuesto de 2 millones de euros, están dirigidas a los mayores de 55 años que han perdido su empleo. Para este colectivo se contempla un suplemento a la indemnización por despido y ayudas para financiar el convenio especial con la Seguridad Social.
Otra línea va destinada a complementar las rentas de los afectados por ERTEs ETOP, con una partida de 5 millones de euros. La cuantía viene a sumarse a los 6 millones ya distribuidos en este ejercicio. Estos 11 millones de euros sitúan a Castilla y León como la comunidad autónoma que ha hecho un mayor esfuerzo para complementar las prestaciones por ERTEs, siendo una de las pocas que ha establecido este tipo de ayudas. Por último, se habilita otra línea de 2,5 millones de euros para conceder ayuda económica a los trabajadores afectados por Eres.
Dentro de las líneas para desempleados, se encuentra el Programa de Integración y Empleo, presupuestado en 5,5 millones de euros, que contribuirá a hacer frente al impacto económico y social del Covid 19, ayudando a los desempleados a mejorar sus oportunidades laborales, facilitándoles, al mismo tiempo, una ayuda económica mensual de 426 euros.
Apoyo a la contratación de personas con discapacidad
En 2021 se destinarán 23,5 millones para hacer frente a los costes salariales de los trabajadores con discapacidad tanto en centros especiales de empleo, que cuentan con 6.687 trabajadores, como en empresas ordinarias.
Además, se financiarán las Unidades de Apoyo a la actividad profesional de los Centros Especiales de Empleo; se apoyará la integración de las personas con discapacidad en la empresa ordinaria, incentivando la celebración de contratos indefinidos y la conversión de contratos temporales en indefinidos; y se destinarán 740.000 euros a las compañías de inserción.
100 millones para formación
Atendiendo a la necesidad de dar respuesta a la formación que demanda un tejido productivo dinámico, en el próximo ejercicio se aprueban alrededor de 100 millones de euros (incluyendo los programas mixtos de formación y empleo) para la formación de trabajadores desempleados y ocupados. La cuantía representa un incremento de 10 millones con respecto al presente ejercicio y se distribuye de la siguiente forma: 69,4 millones de euros se destinarán a formación de trabajadores desempleados, 13,1 millones a ocupados y 17 millones a programas mixtos de formación y empleo.
Como novedad, se implantará un nuevo programa destinado fundamentalmente a trabajadores ocupados, a fin de garantizar su adaptación a la creciente digitalización de los nuevos procesos de producción. Este proyecto (Prográmate) cuenta con un presupuesto de 2 millones de euros y una estimación de más de 3.000 participantes. En su desarrollo se intensificará la teleformación para que sea posible compatibilizar la formación con la vida laboral y familiar y se establecerán criterios de distribución territorial que garanticen la igualdad de oportunidades en todo el territorio y la fijación de población.
Con el fin de fomentar la contratación de personas desempleadas, se ha convocado una línea de ayudas con carácter plurianual para financiar contratos de sustitución en supuestos de confinamiento o incapacidad por Covid 19. Esta medida, con una aportación pública de 50 euros por cada día de contrato, beneficiará especialmente a los trabajadores por cuenta propia, evitando que tengan que cerrar sus negocios
Plan de Empleo Joven con 75.000 beneficiarios
En consonancia con el Plan Anual de Empleo que se acuerde con los agentes económicos y sociales, se aprobarán medidas específicas adicionales para este colectivo para conseguir incentivar alrededor de 3.000 empleos, 10.000 jóvenes participantes en acciones formativas y 75.000 beneficiarios de algún tipo de prestación o servicio.
Tendrán además continuidad los programas que se vienen desarrollando con las universidades públicas de Castilla para el desarrollo de prácticas no laborales dirigidas a jóvenes titulados universitarios y de formación profesional para mejorar su empleabilidad.
57 millones para la contratación directa de 7.500 desempleados
Junto a las medidas previstas para amortiguar la caída del empleo, la lucha contra el desempleo será uno de los grandes retos del próximo año. Con ese objetivo se van destinar alrededor de 57 millones de euros (a través de las líneas del Plan de Empleo Local y el Programa Mixto de formación y Empleo) para fomentar la contratación, lo que supone un incremento del 7% respecto a lo presupuestado en 2020, con la previsión de crear o mantener alrededor de 7.500 puestos de trabajo.
En todas estas iniciativas se incentivará, de forma prioritaria, la contratación de las personas más vulnerables, como discapacitados, jóvenes, parados de larga duración, desempleados con cargas familiares, emigrantes retornados y todas aquellas personas con dificultades de incorporación al mercado de trabajo.
Estas políticas contribuyen, además, a fijar población, a la cohesión social y a potenciar el desarrollo económico de aquellos sectores que potencialmente son generadores de riqueza y empleo de calidad, como los agroalimentarios, los forestales, o los que tienen que ver con las energías limpias y renovables.
Apoyo a autónomos
El apoyo a los autónomos es otro de los ejes fundamentales para amortiguar la caída del empleo. En este sentido, se subvencionará la afiliación de cuotas a la Seguridad Social de nuevos autónomos durante un periodo de 6 meses; se mantendrá el pago de las cuotas de la Seguridad Social a los beneficiarios de la prestación por desempleo en su modalidad de pago único; se han habilitado ayudas para sectores especialmente perjudicados, como el colectivo de feriantes y promotores de orquestas; además, se ha diseñado un programa de autónomos para medidas de apoyo al teletrabajo y proyectos de innovación. Este conjunto de medidas suma 3,4 millones de euros.
A lo largo de toda esta crisis, es fundamental garantizar el mantenimiento del empleo y la continuidad de las empresas viables. Con ese objetivo se van a conceder ayudas de hasta 3.500 euros para financiar las cuotas de la seguridad de aquellas empresas que saquen a sus trabajadores del Erte. La medida cuenta con un presupuesto de 9,5 millones de euros, de ellos, 5 millones se destinan al sector de la hostelería.
Las empresas recibirán además ayudas, por una cuantía de hasta 2.000 euros, para hacer frente a los gastos de adquisición de sistemas de protección colectiva Covid 19. Esta línea cuanta con una partida inicial de 2 millones de euros
Reactivación del comercio y el consumo
Con el fin de reactivar el sector y estimular el consumo en el comercio de proximidad se han habilitado una serie de ayudas, que se gestionarán, bien directamente desde la Dirección General de Comercio y Consumo, bien en colaboración con las entidades locales y asociaciones que representan al sector. A este objetivo se destinan cerca de 3,7 millones de euros, incluyendo una línea de ayudas para garantizar el abastecimiento de producto cotidiano en el mundo rural y el apoyo a sectores específicos vinculados a la organización de certámenes feriales. Además, en el sector se incluyen varias líneas para la modernización de pymes comerciales y artesanas con 2,2 millones de euros destinada a mejorar la competitividad.
Se consigna una subvención directa al Consejo de Cámaras Oficiales de Comercio, Industria y Servicios de Castilla y León, por un importe de 1,92 millones de euros. Además, se contempla una línea de ayudas dotada con 600.000 euros destinada al tejido asociativo del sector comercial, una subvención de 500.000 en concepto de aportación al Consorcio Institución Ferial de Castilla y León, y una subvención de 200.000 euros para al Centro Nacional del Vidrio.
Apoyo al sector industrial
El presupuesto del próximo año contempla 2 grandes líneas que pretende el desarrollo de procesos tecnológicos, con un presupuesto de 2,5 millones de euros. Sus objetivos son avanzar en la industria 4.0 y mejorar la ciberseguridad.
Dentro del sector industrial se dará continuidad a otros programas ya iniciados este año, como la mejora de los procesos de fabricación mediante tecnologías Lean Manufacturing; los cursos de formación en seguridad industrial; el plan renove de calderas y calentadores; o el apoyo a los laboratorios de la Universidad de Valladolid, especializados en el ámbito de la metrología y la vigilancia de mercado de productos industriales. Programas que cuentan con una inversión cercana al medio millón de euros.
Junto a todo ello, la Consejería de Empleo e Industria seguirá trabajando en los diferentes planes industriales prioritarios y en los programas territoriales de fomento. En colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda se fomentará el desarrollo industrial, la transferencia del conocimiento y la innovación tecnológica. Este trabajo se orientará, tanto a los 6 planes territoriales ya aprobados, como a los previstos en Tierra de Campos, Este de Segovia, Sierra de la Demanda, Garoña, y Medina del Campo y comarca.
Además, la labor de los trabajadores de las oficinas del Ecyl se verá reforzar a lo largo del próximo año con el proyecto Prospect, que cuenta con un presupuesto de 5,6 millones de euros. Este programa se sustenta en la tarea de intermediación, orientación y análisis laboral que desarrollarán 100 prospectores laborales. En su conjunto el presupuesto destinado a la prestación de servicios del Ecyl para este ejercicio es de 22,4 millones con un incremento superior al 30% respecto al ejercicio precedente
Fundación Serla
El presupuesto total incluido por la Consejería de Empleo e Industria para todas las cuestiones relacionadas con la Fundación Serla es de 2,31 millones. Por último, la Fundación para el Anclaje Empresarial y la Formación para el Empleo en Castilla y León cuenta con una partida de 812.849 euros, completada con los 163.000 euros aportados por el ICE para favorecer la empleabilidad de mujeres desempleadas en zonas en riesgo de despoblación y para las ayudas dirigidas a pymes y micropymes. Seguirá aplicando el protocolo de actuación en casos de deslocalizaciones y crisis de empresas.
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