Era un objetivo de la presente Legislatura: superar las 5.000 personas con discapacidad trabajando en centros especiales de empleo de Castilla y León. Y se ha sobrepasado en más de un 9%, ya que a 31 de diciembre de 2017 se alcanzaron los 5.462 trabajadores de este colectivo en 215 emplazamientos de estas características (también esta cifra alcanza un máximo histórico).
Muy lejos quedan ya los 770 trabajadores con discapacidad en 47 centros especiales de empleo del año 1995, cuando se traspasaron las competencias de los centros especiales de empleo a las comunidades autónomas por parte del Gobierno central.
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo de la Junta, informó que en 2017 también se adelantó el cumplimiento del compromiso adquirido para el final de la Legislatura de alcanzar la financiación del 75% del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) de las nuevas contrataciones de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades.
Asimismo, recordó que la Junta ha asumido el incremento del 8% del SMI establecido por el Estado el pasado año y del 4% fijado para 2018.
La Junta, a través de su Consejería de Empleo, destinará en 2018 más de 25 millones de euros -un 4,2% más- a la integración laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión, tanto en centros especiales de empleo, como en compañías ordinarias y en empresas de inserción.
5 objetivos
El esfuerzo presupuestario realizado en esta Legislatura ha permitido alcanzar 5 objetivos en este área de Economía Social, incluyendo el complemento hasta el 75% del SMI de los nuevos contratos de trabajadores con discapacidad con especiales dificultades antes mencionado, como son recuperar la financiación de inversiones vinculadas a nuevos proyectos y a la contratación de trabajadores con discapacidad en centros especiales de empleo, impulsar la contratación de técnicos de apoyo a los trabajadores con discapacidad que trabajan en la empresa ordinaria; contratar personal de acompañamiento para empleados en situación o riesgo de exclusión en empresas de inserción; y la creación de un instrumento de apoyo financiero para los centros especiales de empleo para anticipar el 50% del SMI de los trabajadores con discapacidad y en riesgo de exclusión social de aquellos centros que han solicitado subvenciones de costes salariales.
Nueva línea de apoyo al empleo apoyo
De cara a 2019, el Ejecutivo autonómico pondrá en marcha una nueva convocatoria de apoyo al empleo con discapacidad adaptado a circunstancias específicas. Esta línea se acordará con las entidades representativas del sector y subvencionará los costes salariales y de Seguridad Social de los trabajadores profesionales que presten apoyo para el desarrollo y mantenimiento de habilidades personales y sociales de personas con discapacidad.
Los beneficiarios serán aquellas entidades que tengan como objeto social la inserción laboral o la creación de empleo de personas con discapacidad; y los destinatarios finales serán personas con un grado de minusvalía igual o superior al 33%, así como personas con discapacidad física o sensorial con grado de minusvalía igual o superior al 65% y estén inscritas como demandantes de empleo como desempleados con anterioridad a la presentación de solicitud de subvención.
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