La Consejería de Economía y Hacienda y el Instituto Nacional de Ciberseguridad (Incibe) han lanzado hoy una consulta al mercado para preparar la primera Compra Pública Innovadora (CPI) en materia de ciberseguridad, la iniciativa consiste en sondear entre las empresas de este sector estratégico qué posibilidades existen de desarrollar nuevas soluciones de seguridad tecnológica para atender necesidades comunes del tejido productivo, social y de la propia gestión pública.
Con este trámite, la Junta, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), da los primeros pasos para la formalización futura de una CPI. Se trata de un procedimiento administrativo de contratación de productos o servicios con alto componente de investigación y desarrollo (I+D).
El proceso iniciado ahora tiene como objetivo último mejorar la calidad de los servicios públicos que presta la Administración autonómica, ofrecer a las pymes estos sistemas más seguros para reforzar su competitividad e incentivar la apuesta por la innovación entre las empresas de la Comunidad.
En concreto, la Junta se ha planteado cuatro retos en busca de soluciones tecnológicas que mejoren los sistemas actuales de detección, categorización y predicción automatizada de ‘ciberataques’; los de respuesta a ‘ciberincidentes’; frente a la suplantación de identidades, el robo de credenciales o tarjetas de crédito de ‘ciberdelincuentes’, y los detectores de dominios o sitios web donde se desarrollan actividades ilegales de forma anónima. En la definición de estos desafíos colabora activamente el INCIBE.
Esta consulta al mercado abre la puerta a una futura Compra Pública Innovadora, financiada por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER). En este caso, la modalidad sería de compra precomercial, un procedimiento que permite adquirir un servicio que aún no está desarrollado o probado, es decir, de forma anticipada a su comercialización.
Ventajas
Este formato de contratación, basado en el plus de innovación de los productos adquiridos, garantiza una mayor eficiencia en el gasto público y una mejora de la calidad de los servicios públicos prestados a ciudadanos y empresas.
Las ventajas y beneficios de la Compra Pública Innovadora se amplían también a la economía. Este formato convierte a las administraciones en palanca de la innovación y la competitividad empresarial, en la medida en que incentiva el desarrollo tecnológico del tejido productivo. Lo hace de forma creativa -demanda un servicio como cliente- y contribuyendo a compartir los riesgos que conlleva la I+D.
Europa Press
