Carlos Fernández Carriedo, consejero de Empleo, impartió este martes la ponencia titulada El empleo y la cohesión social como eje de las Políticas Demográficas en el VII Foro Economía & Economistas La despoblación en Castilla y León: análisis socioeconómico, organizada por el Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova), que se celebró en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Valladolid. Durante su intervención, el consejero expuso la estrategia que la Junta desarrolla en los últimos años para hacer frente al reto demográfico de la región, común a la mayor parte de las comunidades autónomas españolas y del continente Europeo.
Fernández Carriedo hizo hincapié en la necesidad de que las políticas demográficas tengan “suficiente protagonismo” en la agenda europea, nacional y autonómica ya que, según ha recordado, la demografía es “el gran problema silencioso” de la U E que afecta principalmente a los países desarrollados con el envejecimiento de la población como el indicador más destacado.
En el caso concreto de Castilla y León, el consejero de Empleo aclaró que el problema se debe a una negativa evolución del movimiento natural de la población y no tanto al saldo migratorio ya que, según ha constatado en función de las crecientes afiliaciones a la Seguridad Social, los trabajadores extranjeros están volviendo a la región.
Fernández Carriedo, además, situó el problema de población en la baja natalidad y en la elevada esperanza de vida, una realidad que, según ha reiterado, “afecta a los países desarrollados y a las zonas geográficas de interior y a las áreas rurales y dispersas, como Castilla y León”.
Líneas estratégicas
En su intervención, el consejero ha definido las “4 claves” fijadas por la Junta para hacer frente al reto demográfico que pasan por la generación de actividad económica que cree riqueza y empleo, impulsar servicios públicos de calidad y equidad; la ordenación del territorio y avanzar en políticas de conciliación, de apoyo a la familia y de igualdad de género.
Así, defendió que para combatir los problemas demográficos es “imprescindible” generar actividad económica para crear riqueza y empleo y ha recordado a este respecto que los fondos del Plan de Empleo Local ha aumentado un 7,6 por ciento en 2018 hasta los 55,2 millones de euros para impulsar la cohesión territorial y hacer frente a los desafíos demográficos.
También mencionó el Acuerdo de Comunidad por la Reindustrialización que reconoce el Plan Director de Promoción Industrial 2017-20 como el instrumento de referencia sobre el que se articula la estrategia de impulso a este sector y que incluye, entre otros aspectos, alcanzar el 3 por ciento del gasto público no financiero de las consejerías para 2019 en I+D+i y el reto de que la actividad de manufactura industrial alcance el 20% sobre el Producto Interior Bruto autonómico en 2020.
Según relató, la segunda estrategia de la Junta va dirigida a garantizar servicios públicos de calidad y equidad y a su mejora en el territorio y en el mundo rural desde el convencimiento de que la población sólo se puede fijar allí donde hay servicios de calidad y las adecuadas infraestructuras logísticas, de comunicación, sanitarias y educativas.
A modo de ejemplo, Fernández Carriedo explicó que la Junta ha impulsado servicios en el ámbito rural para acercar la atención primaria de salud a 1.400 núcleos de menos de 50 habitantes a lo que ha sumado que se han mantenido unidades educativas abiertas con sólo cuatro alumnos o que se ha puesto en marcha un sistema de transporte a la demanda que atiende a un millón de personas en más de 3.500 localidades.
En cuanto a las políticas territoriales y de ordenación del territorio, el consejero de Empleo reivindicó la “importancia extraordinaria” del proyecto de ley de Ordenación del Territorio con el deseo expreso de que la cuarta y última fase “de apruebe cuanto antes” para garantizar el mantenimiento de los servicios públicos competencia del Gobierno autonómico y la gestión de competencias municipales en el medio rural, “claves en la lucha contra la despoblación”, insistió.
En su opinión, es “imprescindible” desarrollar políticas de desarrollo rural que contribuyen a fijar población en los núcleos rurales para que los colectivos de jóvenes y mujeres adquieran mayor protagonismo en la dinamización y modernización de la agricultura, tal y como la Junta reclama, con el consenso de todos los grupos políticos y las organizaciones agrarias en el reciente documento que reclama una “financiación suficiente” de la PAC.
Finalmente, el consejero de Empleo abogó por un mayor desarrollo de las políticas de conciliación y apoyo a la familia desde el convencimiento de que deben ser entendidas como “el quinto pilar del Estado de Bienestar” junto con las pensiones, la educación, la sanidad y los servicios sociales y dependencia.
En este punto, apeló al anteproyecto de Ley de Conciliación de la vida personal, familiar y laboral y de eliminación de la brecha salarial de género que llegará este periodo de sesiones a las Cortes y que tiene carácter “pionero” en España para regular medidas de apoyo que permitan compatibilizar los tiempos de trabajo remunerado y los de la vida privada de los trabajadores, facilitar el desarrollo de su proyecto vital y garantizar las mismas oportunidades para mujeres y hombres.
Preguntado en concreto por la línea de ayudas de la Junta para conciliación y reducción de la jornada laboral ha aclarado que la medida nació con 690.000 euros a cargo de 2 consejerías, una cifra que se ha superado en 2018 a lo que ha añadido que la Estrategia de Empleo contempla acabar con 1,6 millones para favorecer las excedencias temporales y la reducción de jornada para que ninguna mujer tenga que abandonar su puesto de trabajo por el hecho de ser madre.
Despoblación
Por su parte, De Margarida advirtió del “problema que la despoblación tiene para el crecimiento de Castilla y León”, recordando que la región ocupa el segundo puesto en nivel de envejecimiento respecto a España, con un porcentaje de población de casi el 25% (24,75%) mayor de 65 años.
De Margarida recordó los datos del Observatorio Económico del último trimestre de 2017, elaborado por el Colegio de Economistas, en el que se pone de manifiesto la problemática que genera “la existencia de un gran número de pueblos en las diferentes provincias de Castilla y León, especialmente en municipios de Soria, Ávila, Burgos o Salamanca, que no llegan a los 500 habitantes”.
El presidente del Colegio de Economistas de Valladolid destacó, además, que el deterioro demográfico de Castilla y León “es un problema estructural, puesto que la región ha perdido algo más del 4% de población durante la crisis”. Además, la media de edad de los castellanos y leoneses se sitúa en 48 años, frente a los 43 de media en España, lo que provoca un aumento del envejecimiento, de tal forma que casi un 25% de la población es mayor de 65 años.
Castilla y León Económica / Europa Press
