Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, firmó este miércoles, junto a Ángela de Miguela, vicepresidenta de Cecale; Miguel Ángel Gutiérrez, secretario general de la Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT Castilla y León; y Gonzalo Díez, secretario general de la Federación de Industria de CCOO de Castilla y León, la adhesión de los representantes del Diálogo Social al documento de posición común de Castilla y León ante la reforma de la PAC de cara a 2020.
Esta posición común fue rubricada el pasado mes de marzo por los grupos políticos de la región, las 3 organizaciones profesionales agrarias que tienen representación y la Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León (Urcacyl). El documento, elaborado por la Consejería de Agricultura y Ganadería, nacía con el objetivo de definir los beneficiarios, las prioridades y los instrumentos de la futura Política Agrícola Común (PAC) y que ésta garantice un sector agrario rentable, sostenible e innovador que fije, al mismo tiempo, población en el medio rural.
Los firmantes de este acuerdo, a los que este miércoles se han unido los miembros del Diálogo Social, reclaman a la Comisión Europea que la futura PAC diferencie a los agricultores y ganaderos profesionales, centrándose fundamentalmente en explotaciones familiares y en aquellos que trabajan y viven directa y principalmente de la actividad agraria en explotaciones individuales o asociativas de cualquier tipo, y que, a su vez, favorezca la cesión de explotaciones entre productores de edad avanzada y nuevos agricultores. Además, los jóvenes y las mujeres deberán ser considerados como actores clave para lograr los objetivos de la política de desarrollo rural.
Asimismo, el documento rubricado hace hincapié en la necesidad de respetar, como mínimo, el actual nivel de financiación de la PAC, europea y nacional, para permitir que esta política cumpla sus objetivos, y rechaza cualquier posibilidad de renacionalización.
Un sector “más competitivo, rentable y sostenible”
Esta posición común considera, además, que la PAC debe promover instrumentos y prácticas basadas en los conocimientos agronómicos y ambientales disponibles, reconocidos científicamente, para lograr un sector agrícola más competitivo y rentable que asegure, al mismo tiempo, el uso sostenible de los recursos naturales y contribuya a la fijación de la población en el medio rural. Unido a ello, los firmantes demandan una Política Agrícola Común más simple, lo que posibilitará mayor competitividad, más eficacia en la gestión, una mejor comprensión por la sociedad en general de las aportaciones de la PAC, así como corregir la desconexión existente con el sector agrario.
Los jóvenes y las mujeres deberán adquirir mayor protagonismo como activos clave en la dinamización y modernización de la agricultura y el mundo rural. Por ello, el documento de Comunidad subraya la necesidad de potenciar medidas orientadas a la incorporación de jóvenes a la actividad agraria, para estimular el relevo generacional. Y considera igual de necesario impulsar la presencia de la mujer en el sector. La nueva PAC debe permitir, además, que estos activos participen en la innovación, los nuevos mecanismos de concentración de oferta y regulación de los mercados, así como en la incorporación de mayor valor añadido a sus producciones. Castilla y León considera imprescindible, por este motivo, buscar nuevas fórmulas para el incentivo de jóvenes y mujeres, mejorar el acceso a instrumentos financieros, fomentar el traspaso de explotaciones incorporando programas de cese anticipado de la actividad y prestar un mayor apoyo a las inversiones.
Más protagonismo de los agricultores
Desde Castilla y León se considera prioritario, también, corregir el deterioro socioeconómico de los agricultores en la cadena alimentaria, por lo que el documento de posición común demanda una implementación de acciones estructurales eficaces que aumenten la transparencia, mejoren la regulación contractual incorporando relaciones entre el precio y los costes de producción y que fomenten las organizaciones interprofesionales y las de productores, para conseguir un mayor equilibrio de la cadena de valor.
Por otro lado resulta imprescindible que se incorpore en los acuerdos comerciales internacionales el concepto de reciprocidad, es decir, establecer el mismo nivel de exigencia sanitaria, medioambiental o social a los productos importados que a las producciones europeas.
Y ante las innovaciones existentes al alcance de todos que se pueden trasladar al sector, puesto que son de utilidad para la multifuncionalidad de los sistemas agrarios, los firmantes sostienen que, además de mantener un presupuesto europeo suficiente para investigación agraria, se debe potenciar la transmisión de sus resultados y la innovación en el sector agrario, facilitando el intercambio de experiencias a nivel europeo.
Pagos directos
Para llevar a cabo todas estas medidas, Castilla y León considera necesarios los pagos directos, financiados al 100% por Europa, para que la política agrícola siga siendo común, debido a que constituyen un elemento indispensable para estabilizar la renta agraria, mantener la actividad de sectores vulnerables y contribuir al mantenimiento del medio ambiente y el clima. Estos pagos directos deben ser acordes a la realidad productiva de las explotaciones en cada momento, incorporando una limitación máxima que dependa del empleo en la explotación.
De la misma manera estima indispensable rediseñar mecanismos de gestión de mercados con acciones a nivel europeo, con reforzamiento de los sistemas de intervención, compras públicas para prevenir y gestionar grandes crisis, facilitando la participación en este sistema de las organizaciones de productores, interprofesionales y cooperativas. Mecanismos que deberían activarse cuando la tendencia del mercado lleve a situaciones de precios por debajo de los costes de producción.
Castilla y León Económica
