Los jefes de Estado y de Gobierno de los Veintisiete han pedido a España que introduzca una regla de control de gasto para las comunidades autónomas y que complete la reforma de la negociación colectiva para garantizar que los salarios se liguen a la productividad y a las condiciones a nivel de empresa.
La cumbre de la UE ha aprobado las recomendaciones dirigidas a cada uno de los Estados miembros de cara a los presupuestos de 2012 y a las reformas de los próximos meses, según ha anunciado el presidente permanente del Consejo Europeo, Herman Van Rompuy. El objetivo es mejorar la coordinación de políticas económicas y reducir los desequilibrios que puedan dar origen a nuevas crisis de deuda.
En el caso concreto de España, los Veintisiete reclaman “una norma vinculante de gasto para todas las administraciones” que mantenga el aumento del gasto público por debajo de la tasa de crecimiento del PIB a medio plazo. Y solicitan que se apliquen “estrictamente los mecanismos existentes de control de déficit y deuda para los gobiernos regionales” y que se siga mejorando la información sobre su ejecución presupuestaria.
En cuanto a las reformas, los líderes europeos exigen al Gobierno completar la reforma de la negociación colectiva y del sistema de indexación salarial “para garantizar que las subidas salariales reflejen mejor la evolución de la productividad y las condiciones imperantes a nivel local y a nivel de empresa y proporcionar a las compañías la flexibilidad suficiente para adaptar internamente las condiciones laborales a los cambios en el entorno económico”.
España debe también “adoptar la propuesta de reforma de las pensiones para retrasar la edad de jubilación y aumentar el número de años trabajados para calcular las pensiones como está previsto”. Y tendrá que revisar “regularmente” los parámenos de las pensiones para ajustarlos a la evolución de la esperanza de vida y adoptar más medidas para aumentar la edad de jubilación real.
Reforma de las cajas
Los jefes de Estado y de Gobierno piden finalmente a España “supervisar estrechamente la reestructuración en curso del sector financiero, en particular de las cajas de ahorro, a fin de que concluya a más tardar el 30 de septiembre de 2011”.
A petición de España, se ha eliminado también de las recomendaciones la referencia a que “los problemas creados por el papel de las autoridades locales en el gobierno de las cajas de ahorro no se han resuelto completamente”. El Gobierno ha alegado que ya se habían adoptado los cambios legales necesarios para reducir la interferencia del poder local y regional.
Europa Press / Castilla y León Económica
