El Gobierno quiere que las grandes empresas de más de 500 trabajadores y que, pese a haber tenido beneficios en los 2 últimos años, realicen expedientes de regulación de empleo (ERE) que afecten a trabajadores mayores de 50 años efectúen una “aportación económica” al Tesoro Público para compensar el impacto que ello supone en el sistema de protección por desempleo.
Así lo refleja una enmienda presentada por el PSOE al proyecto de ley de reforma de las políticas activas de empleo, donde se plantea que dichas aportaciones podrán destinarse “total o parcialmente” a generar créditos para la financiación de medidas dirigidas a los trabajadores de más edad.
Para el cálculo de la aportación económica se tomarán en consideración el importe de las prestaciones y subsidios por desempleo de los trabajadores de 50 o más años afectados por el expediente de regulación de empleo, incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social realizadas por el Servicio Público de Empleo Estatal.
Se determinará reglamentariamente
También se tendrá en cuenta una escala diseñada en función del número de trabajadores de la empresa y el de los mayores de 50 años afectados por el despido colectivo, así como de los beneficios de la compañía. Además, se determinarán reglamentariamente el procedimiento, la forma y el momento en que deberá hacerse efectiva la aportación.
Lo que sí concreta es que se considerará que un negocio ha tenido beneficios cuando el resultado del ejercicio, tal y como se define en el Real Decreto 1514/2007, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, sea positivo.
Antes del verano
La enmienda entraría en vigor antes del verano, ya que se enmarca en un proyecto de ley que se tramita por procedimiento de urgencia, aunque el resto de grupos deberá determinar si da apoyo finalmente a la propuesta del Gobierno o plantea cambios a la vista del texto finalmente registrado, pese a que toda la oposición está a favor, en principio, de legislar en esta dirección.
No obstante, el desarrollo reglamentario del mecanismo de aportaciones podría dilatar su aplicación, ya que el Gobierno abriría un período de negociación con los sindicatos y empresas para fijar los umbrales concretos.
Europa Press
