La Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial (ICE), acaba de convocar la XVII edición de la Aceleradora de empresas, que se centra en ofrecer apoyo a emprendedores de distintos sectores para hacer competitivos sus proyectos innovadores en esta etapa de crisis debida a la pandemia del COVID-19 y reforzar así el tejido productivo, creando nuevas oportunidades de negocio.

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural publica este viernes en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) las bases reguladoras que establecen el régimen de ayudas para promover el dimensionamiento y planificación estratégica del cooperativismo agroalimentario de la Comunidad y que contarán con 300.000 euros de subvención.

El Colegio de Economistas de Valladolid (Ecova) ha organizado este viernes una conferencia online con Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León, quien ha explicado el plan de reactivación de la economía de la región, su estrategia y sus retos. El consejero ha contestado a las preguntas formuladas por Juan Carlos De Margarida, decano-presidente de Ecova, así como a las cuestiones enviadas por los medios de comunicación, donde ha destacado que “estamos mejor que los demás porque sí hemos apostado por factores de la economía real que ahora son imprescindibles. Ahora vemos la importancia de nuestro mundo rural, de nuestras producciones agrarias que tan valorados son en el mercado. Los valores ahora son más importantes que nunca y Castilla y León es una tierra de valores y de principios”.

Ana Carlota Amigo, recién nombrada consejera de Empleo e Industria, ha agradecido su nombramiento a Francisco Igea, vicepresidente de la Junta, y a Inés Arrimadas, presidenta de Ciudadanos, por la confianza depositada en ella, así como el apoyo recibido por parte de Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta.

El Consejo de Gobierno ha acordado acceder a 231 millones de euros para hacer frente a operaciones de endeudamiento a largo plazo que la Consejería de Economía y Hacienda podrá formalizar durante el año 2020. Esta cuantía determina que el nuevo límite de las operaciones de este tipo queda fijado en más de 1.300 millones de euros.