El Pacto para la Recuperación Económica de Castilla y León es, sin lugar a dudas, un éxito colectivo que sitúa a las personas por encima de las siglas políticas. Sin embargo, por coherencia y responsabilidad, bajo esa pátina del interés general no se puede ocultar que determinadas cesiones son objetivamente obstáculos y frenos que, avalados por cifras, complican todavía más el contexto económico y empresarial de Castilla y León.

El Colegio de Economistas de Valladolid ha organizado hoy una conferencia on line con Jesús Julio Carnero, Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León, quien ha explicado la importancia del sector agroalimentario para la reactivación económica.

La Junta de Castilla y León ha ampliado, por cuarto mes consecutivo, la moratoria fiscal en los impuestos autonómicos y estima que más de 148.000 contribuyentes verán aplazados el pago de sus impuestos por aproximadamente 160 millones de euros.

El Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto ley que recoge una serie de medidas con las que eliminar trámites administrativos, disponer de un régimen de intervención proporcional y reducir de plazos de manera especial en aquellas normas que pueden dificultar el acceso o ejercicio de una actividad económica. El Gobierno autonómico agiliza los procedimientos y los simplifica para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de mayo en 55.275, lo que supone un descenso interanual del 2,91% (1.654 menos en términos absolutos) cuando el año pasado se registró un incremento del 7,41% (3.929 trabajadores más), según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.