El Consejo de Gobierno ha aprobado este decreto ley que recoge una serie de medidas con las que eliminar trámites administrativos, disponer de un régimen de intervención proporcional y reducir de plazos de manera especial en aquellas normas que pueden dificultar el acceso o ejercicio de una actividad económica. El Gobierno autonómico agiliza los procedimientos y los simplifica para reactivar la actividad productiva en Castilla y León, crear empleo, contribuir a la reconstrucción del tejido económico y productivo y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Castilla y León tras la desaceleración económica producida por la crisis sanitaria de la Covid-19.

La cifra media de afiliados extranjeros a la Seguridad Social en Castilla y León se situó en el mes de mayo en 55.275, lo que supone un descenso interanual del 2,91% (1.654 menos en términos absolutos) cuando el año pasado se registró un incremento del 7,41% (3.929 trabajadores más), según los datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.

La Junta de Castilla y León ha aprobado 2 subvenciones por valor de más de 1,5 millones de euros para sendos planes estratégicos empresariales con proyectos de I+D declarados de Interés Especial para la comunidad autónoma, dado el importante impacto que pueden tener sobre el tejido social, económico e industrial.

El Real Decreto 569/2020, de 16 de junio, por el que se regula la segunda edición del Programa de Incentivos a la Movilidad Eficiente y Sostenible (Moves) entrará en vigor este jueves, después de que haya sido publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) mostró su más profundo desacuerdo en relación al punto número 84 del acuerdo para la recuperación económica y social firmado por las diferentes fuerzas políticas de la comunidad autónoma, en el que se incluye "suspender el trámite por el que se debate el Proyecto de Ley para la práctica eliminación del Impuesto de Sucesiones y Donaciones entre familiares directos". Para la citada agrupación, la medida es "improcedente e inoportuna para las personas afectadas por Covid-19 y en especial para los familiares de los más de 5.000 fallecidos por la enfermedad que están sufriendo no solo la pérdida personal, sino también la pérdida de capacidad adquisitiva".