Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, presentó este martes en Ávila la Plataforma de Competitividad Productiva Vitivinícola, que estará dotada de 86 millones de euros y que persigue revalorizar el vino que se elabora en Castilla y León y potenciar su comercialización. En concreto, contará con 28 medidas estructuradas en 6 bloques dirigidas tanto al sector productor como al transformador y a la distribución, así como a equilibrar la cadena de valor y aumentar la investigación, además de mejorar la transparencia, la formación, la promoción y la información.

Juan Carlos de Margarida, presidente del Colegio de Economistas de Valladolid, aseguró este martes que el actual modelo productivo de la comunidad autónoma es más sostenible porque se basa en una economía más avanzada y eficiente “que apuesta por los sectores de servicios más tecnológicos, una industria que generará mayor valor añadido y una potencia exportadora fuerte”, durante la presentación de los resultados del primer trimestre de este año del Observatorio Económico de Castilla y León.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) se mantuvo invariable en mayo respecto al mes anterior (en España cayeron 1 décima) y la tasa interanual se sitúa en el 2,2% en Castilla y León, 3 décimas más que en España (1,9%) y 6 décimas menos que el mes anterior (2,8%), según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Milagros Marcos, consejera de Agricultura y Ganadería, presentó este viernes la primera escuela de verano sobre agroalimentación, que tendrá lugar entre el 3 y el 7 de julio en el castillo de Fuensaldaña (Valladolid) y que servirá para mejorar el posicionamiento del sector de Castilla y León. “Queremos que la región sea un referente en el ámbito nacional e internacional”, puntualizó.

El Consejo de Gobierno aprobó este jueves el Plan Director de Promoción Industrial, que define las políticas de impulso a la competitividad del sector en el horizonte 2017-20, con una inversión prevista de 836,6 millones de euros. El documento está avalado por los agentes económicos y sociales y ha sido el instrumento de referencia para el acuerdo de la comunidad autónoma por la reindustrialización suscrito el pasado 29 de marzo entre la Junta y 5 fuerzas políticas con representación parlamentaria.