Una sociedad que no podemos mantener

De las muchas memeces que se escuchan desde que estalló la crisis, ya que algunos tertulianos te analizan con igual profundidad la última crisis sentimental de Belén Esteban que la evolución de la prima riesgo, se encuentra la de que está en peligro el Estado de Bienestar, como si este modelo fuese un derecho natural, por el que no se debe luchar.

Al igual que no hay que dejar de explicar a la opinión pública que nada es gratis en esta vida (educación, sanidad, servicios sociales, que se mantienen con nuestros impuestos), también se debe insistir en que el Estado de Bienestar hay que ganárselo, no es algo consustancial a las sociedades modernas si previamente no han puesto las bases para mantenerlo. Ese modelo fue diseñado por una Europa desgarrada por las dos guerras mundiales para dar respuesta a los desajustes de un capitalismo incapaz de garantizar la estabilidad económica y mantener una mínima calidad de vida a una amplia base de ciudadanos. Las democracias occidentales buscaron esta vía, porque vieron horrorizadas cómo otros regímenes políticos habían conseguido ganarse la confianza de la gente: el fascismo y el comunismo, con las dramáticas consecuencias que todos conocemos.

Para poner en marcha esa estructura, el Estado pasó a tener mayor protagonismo y se acometió una redistribución de la riqueza mediante impuestos progresivos para universalizar los servicios sociales, la educación, la sanidad y las prestaciones a los que se quedaban en el paro. Cada democracia desarrolló este modelo en mayor o menor medida, desde los más avanzados y exitosos de los países nórdicos, hasta los más raquíticos de Gran Bretaña o EE UU. Y así hemos estado viviendo durante casi siete décadas.

Manirrotos y cortoplacistas

¿Y qué pasa ahora para que se cuestione ese sistema? Por una parte, se está imponiendo la tesis de los neoliberales inspirados por la Escuela de Chicago que defiende la desregularización de los mercados, la reducción del Estado a la mínima expresión y la desmantelación de las coberturas sociales para que la ciudadanía no se adocene. Tras la crisis de 2007, esta corriente económica no atraviesa por su mejor momento porque todos estamos sufriendo las consecuencias de dejar a los mercados a su libre albedrío. Y por otro lado, y lo más grave, algunos países han montado unas estructuras que no pueden mantener, como es el caso de España, por ser manirrotos y cortoplacistas.

Pensábamos que los mercados financieros internacionales nos iban a sufragar sine die nuestros caprichos, pero he aquí que ya no se fían de nosotros por no acometer en cuatro años las reformas del sistema financiero y de las administraciones públicas. De la primera ya hablaremos en otra ocasión sobre el papel de las cajas de Castilla y León; y sobre la segunda tienen toda la razón, pues hasta ahora se han aprobado medidas domésticas de escaso calado. Tenemos un país donde existen duplicidades de todo tipo, promovidas por un Estado de las Autonomías del que no se puede cuestionar las ventajas que aporta a la sociedad española, pero del que hay muchísimas deficiencias que corregir.

Pongamos el caso de Castilla y León. Recientemente, la Junta firmó un acuerdo para integrar las 18 oficinas comerciales de nuestra región en el extranjero en la red estatal. Ahora, con la crisis, hemos descubierto el dispendio y la duplicidad de gastos, que pagamos de nuestros bolsillos. Ése es un caso, pero ilustrativo, del malgasto de los fondos públicos en el que han incurrido todas las administraciones (autonómica, provincial y local), por lo que ahora nos encontramos con aeropuertos sin vuelos, autopistas donde apenas circulan coches, hospitales que parecen hoteles de lujo, piscinas vacías, polideportivos cerrados, frontones que sólo dan sombra a los ancianos de los pueblos, carreras universirarias sin apenas alumnos y al margen de la demanda del mercado laboral, plazas de toros para lidiar sólo desesperanzas, fundaciones públicas sin actividad por falta de recursos, auditorios sin congresos, teatros en penumbra y parques abandonados. Y todo eso, aunque apenas se utilice, tiene unos gastos fijos.

Sí, puede que el Estado de Bienestar esté en peligro en esta España del Estado de las Autonomías, pero ha sido por nuestra gestión dilapidadora, no por los mercados financieros internacionales. Ante la pusilanimidad de nuestros políticos para poner orden en este desaguisado que empobrece cada día más al país, ¿tendrán que ser los hombres de negro de la troika los encargados de la titánica tarea?

Artículo de opinión de Alberto Cagigas publicado en la revista de julio de Castilla y León Económica